Según informó el mes pasado Fundar, una canasta de prendas cuesta casi un 40% más en comparación con el promedio de los países de la región, no sólo por la presión impositiva, sino también por un combo de factores, como el marcado proteccionismo, la constante inestabilidad cambiaria y macroeconómica local, así como también una caída de la productividad.
Sin embargo, los factores que hacen menos competitiva a la industria textil-indumentaria presentan tensiones entre empleo, formalidad y competitividad y precios. Por este motivo, desde la organización proponen tres ejes centrales para mejorar la competitividad y la condiciones laborales del sector:
- Revisión integral del esquema de comercio exterior
- Incentivos para mejorar los niveles de competitividad y formalización
- Integración socioproductiva.
«Esta propuesta busca abordar dichos desafíos en un sendero sostenible en el tiempo a partir de la mejora del sistema de incentivos y la promoción de la especialización en aquellos segmentos en donde las ventajas competitivas son mayores. No hay magia: se requiere tiempo y voluntad de todos los actores para llevar a cabo la transformación del sector», resaltaron desde Fundar.
Ropa: tres claves para un sistema más sustentable
Fundar propone como primer eje la revisión integral del esquema de comercio exterior, donde destaca una «revisión integral de los derechos de importación de insumos y productos de esta industria» con dos criterios centrales: por un lado, reducir al mínimo los aranceles de insumos y productos que ya no se fabrican en la Argentina o se fabrican muy por debajo de las necesidades locales; y por el otro, priorizar la baja en los productos con mayores sobreprecios respecto de la media regional.
Asimismo, incluye la eliminación del Impuesto PAIS a la importación, que actualmente es del 7,5% y «que encarece tanto los productos importados como la producción nacional que utiliza insumos extranjeros». Cabe destacar que, para diciembre, cuando venza su plazo de vigencia, se prevé que esta percepción no exista más.
También propone el diseño e implementación de medidas para-arancelarias que generen una mejora de las prácticas productivas, así como de la formalidad, la calidad u el cumplimiento de estándares ambientales de la industria.
Finalmente, advierte que el uso de herramientas discrecionales como lo fueron las licencias no automáticas (LNA) de importación, dificulta el comercio exterior y fueron altamente discrecionales al gobierno de turno.
Incentivos, competitividad y formalización
Como segundo eje plantea incentivos para mejorar los niveles de competitividad y formalización de la industria. Incluyen una reducción de costos laborales no salariales, a través un régimen de contribuciones patronales para las pequeñas empresas y uno de Aportes no Reembolsables (ANR) que subsidien hasta el 10% del mismo tributo para medianas y grandes empresas de confección.
«La sumatoria de ambos instrumentos permitiría subsidiar parte de las contribuciones patronales de 58.000 de los 101.000 empleos asalariados formales que tuvo esta industria en 2023. A su vez, los instrumentos permitirían reducir el costo laboral de la industria textil-indumentaria en 6,3% (11,8% en la confección y 2,9% en el eslabón textil)», subraya el informe de Fundar.
A su vez, sugiere que un sistema de beneficios tributarios para el sector, mejorarían la competitividad. En este caso, impulsa la eliminación del impuesto a los débitos y créditos y transformarlo en un sistema de recaudación como pago a cuenta de otro impuesto, que podrían ser IVA o Ganancias. También, menciona que se podría «negociar» una reforma tributaria con las administraciones provinciales, para reducir el tributo sobre los ingresos brutos.
Finalmente, agrega la posibilidad de crear un «programa de de beneficios universal para formalizar la demanda minorista de ropa», que apunta a estimular el crecimiento de las transacciones formales de compra-venta de indumentaria y productos textiles de origen nacional.
El tercer eje apunta a la integración socioproductiva. «La confección de ropa emplea a 186.000 personas en la Argentina, de las cuales 134.000 (72%) se desempeñan en la informalidad. El 83% del empleo informal en este eslabón, equivalente a unas 111.000 personas, tiene lugar en unidades productivas de menos de cinco trabajadores», se precisó en el informe.
En ese sentido, la propuesta apunta particularmente a convenir «polos de confección de ropa habilitados» impulsados por los gobiernos locales para paliar la informalidad, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores «cuentapropistas» del sector, extender el piso mínimo de formalidad impositiva y laboral y mejorar la productividad.
Serían «polos cooperativos», según precisaron fuentes de Fundar a Ámbito. Para ello, existen al menos dos alternativas: aprovechar los espacios ociosos de los gobierno locales y acondicionarlos para estas unidades productivas o facilitar a los costureros domiciliarios herramientas para alquilar a locadores privados, como garantías inmobiliarias o seguros de caución.
«Para esto se pueden aprovechar algunos programas ya existentes en la banca pública o incluso que algunos bancos públicos -como el Banco Ciudad o el BAPRO- diseñen líneas nuevas que se adecúen a tales efectos», argumentaron.
Los tres ejes abordados por Fundar apuntan a mejorar la sustentabilidad económica del sector, desde la óptica de la competitividad para, así, reducir la dependencia de la protección comercial, que fue el puntapié de la industria textil en los últimos años. También, promueve niveles de precios similares a los de la región e incluso desarrollar ciertos nichos exportadores latentes.
Desde el punto de vista de la sustentabilidad social, fomenta una mejora las condiciones de empleo de los trabajadores del sector, que actualmente son en su mayoría informales, y que el impulso de la formalidad no redunde en sobreprecios.
