En el marco de la Jornada de Incidencia sobre Políticas Sanitarias sobre Acceso a Tecnologías, Atención y Tratamiento, diferentes agrupaciones LGBT, militantes, especialistas y funcionarios públicos expresaron su preocupación ante la fuerte reducción que prevé el Presupuesto 2026 en asistencia a pacientes con VIH y otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).
La jornada se llevó a cabo el jueves por la tarde en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se presentó un informe elaborado por la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que señala que los fondos destinados del Presupuesto 2026 al Programa 22 (para la Lucha contra el SIDA y ETS) será de $62.087.000.000, lo que equivale a US$ 43.650.000, según el tipo de cambio oficial proyectado.
Se trata de una reducción del 38% en dólares para un programa que depende de insumos internacionales. De esta forma, la asistencia estatal a pacientes con enfermedades de transmisión sexual representará apenas el 2% del presupuesto total del Ministerio de Salud, cuando en 2023 representaba el 4,8%.
El informe presentado en la Cámara baja señala además que en 2026 se planifica atender a 71.500 personas con VIH, cuando en 2024 se atendió a 79.179; en tuberculosis, se proyectan 12.450 tratamientos frente a 15.853 de casos notificados en 2024; se recortará el expendio de 23 millones de preservativos en medio de un aumento exponencial de sífilis y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); se eliminará en su totalidad la producción de materiales educativos, anulando la prevención comunitaria; y no se prevén compras de PrEP ni PEP, dejando sin prevención a más de 11.000 personas.
“El Presupuesto 2026 para el Programa 22 no representa un ahorro: representa un abandono y un marcado incumplimiento de las obligaciones constitucionales que pesan sobre el Estado Nacional. El Estado decide no prevenir, diagnosticar ni tratar, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas vulnerando sus derechos. Este proyecto de presupuesto agrava la crisis sanitaria y condena a la exclusión a quienes más necesitan del sistema público”, expresaron representantes de la Fundación durante el encuentro.
En ese sentido, Graciela Balestra, psicóloga especialista en temas de diversidad y género y ex candidata a diputada nacional por el Partido Integrar en la lista que encabezó el Turco García en CABA, manifestó: “Lo que están haciendo es un genocidio. Este recorte presupuestario va a dejar a miles de personas sin acceso a sus tratamientos. Se están poniendo en peligro los esfuerzos mundiales de lucha contra el VIH y podrían generar un aumento en las infecciones y muertes por SIDA”.
“Dirijo el Centro Integral LGBTIQ+ Puerta Abierta, donde funciona el primer y único centro de jubilados lésbico-gay del país. Ahí escucho a jubilades que dicen que no pueden comprar su medicación psiquiátrica porque el PAMI no se las da gratis y es muy cara. Pero nunca escucho que no pueden comprar su medicación para el VIH. Eso sucede porque ya están muertos: ningún jubilado llegó a los 80 años con VIH porque cuando se enfermó en los ‘80 no había medicación para salvar su vida. Es muy triste que esto esté sucediendo también ahora, que sí hay medicación”, afirmó Balestra.
Por estos motivos, las agrupaciones leyeron un documento en el que le exigen al Poder Ejecutivo:
Revisión urgente del Presupuesto 2026 y aumento de las asignaciones presupuestarias para el Programa 22 de respuesta al VIH, las Hepatitis, tuberculosis e ITS.
Cumplimiento pleno y efectivo de la Ley 27.675 de respuesta al VIH, las Hepatitis, tuberculosis e ITS.
Restitución de metas sanitarias acordes a la realidad epidemiológica y necesidades reales.
Centralización de compras para garantizar la equidad y eficiencia.
Reactivación inmediata de campañas de prevención, diagnóstico y tratamiento.
El diputado nacional por Encuentro Federal Esteban Paulón, por su parte, manifestó en el encuentro su preocupación ante “el retroceso en materia de políticas públicas vinculado a la respuesta integral del VIH, que incluye el incumplimiento de muchos aspectos centrales de la ley”.
“Vemos una insistencia del equipo del Gobierno en hacer recortes en prevención, asistencia y atención; y eliminar los programas de PrEP, que en el mundo han sido encontrados como una de las estrategias dentro de la prevención combinada más efectivas”, expresó.
Paulón se preguntó “qué respuesta integral quiere dar el Gobierno al VIH si se opone a la Educación Sexual Integral (ESI); se opone a la aplicación, distribución e implementación de los programas de PrEP a nivel nacional; no promueve el testeo; y no garantiza el acceso a la información”. Al finalizar su intervención, coincidió con la ex candidata a diputada por el Partido Integrar: “Esto es un genocidio planificado”.
