El Gobierno nacional oficializó la flexibilización de ingreso para ciudadanos de China y República Dominicana que cuenten con visa vigente para Estados Unidos. Ya no necesitarán gestionar la Autorización de Viaje Electrónica (AVE), ni abonar el arancel que implicaba. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 316/2025, impulsada por la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del gobierno libertario, Daniel Scioli, fue el primero en salir a festejar: “Un paso más hacia el turismo inteligente”, escribió en redes sociales, en línea con la lógica desreguladora que impulsa Javier Milei.
Pero no todos compartieron el entusiasmo. Para la exdirectora de Migraciones, Florencia Carignano, lejos de ser una innovación, la resolución es un recorte encubierto. “Esto ya existía. El ingreso estaba habilitado, pero se cobraba y se controlaba”, explicó a este diario. Y advirtió: “Ahora no hay ni pago ni chequeo adicional. Es ceder soberanía”.
¿Qué es el AVE?
La Autorización de Viaje Electrónica (AVE) es un permiso obligatorio para ciudadanos de países que, si bien no requieren visa tradicional para turismo, deben acreditar una visa válida para EE.UU. o el espacio Schengen. El trámite se realizaba online, con validación documental, pago y un análisis automatizado que incluía consultas con Interpol y otras bases internacionales.
El sistema funcionaba como una barrera de entrada rápida, pero segura: en pocos minutos, permitía a Migraciones detectar antecedentes penales, alertas rojas o irregularidades migratorias antes de que la persona subiera al avión. Con la nueva resolución, ese doble control desaparece.
El beneficio aplica a turistas y hombres de negocios chinos (hasta 30 días) y a turistas dominicanos (hasta 90 días). Pero ya no podrán cambiar de categoría migratoria ni prolongar su estadía más de una vez.
“El turismo dominicano no viene por turismo. Y si no controlás ni cobrás, ¿para quién es esta medida?”, se preguntó Carignano.
Menos controles, menos ingresos, y una política migratoria cada vez más tercerizada en decisiones ajenas.
