La causa Seguros, que investiga supuestas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión, volvió a tener a Alberto Fernández como protagonista. Este viernes, el expresidente se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar su indagatoria ante el juez Sebastián Casanello, a cargo del expediente desde principios de este año.
Fernández declaró durante casi dos horas y, en esta oportunidad, respondió preguntas tanto del magistrado como del fiscal Carlos Rívolo. Lo hizo después de haber brindado una primera declaración en noviembre pasado ante Julián Ercolini, quien estaba recusado por el propio exmandatario.
Defensa y reclamo por pruebas pendientes
En su descargo, el exjefe de Estado presentó un escrito de once páginas y sostuvo que la imputación que recae sobre él no es clara, ni precisa, ni debidamente fundamentada. Según explicó, se lo acusa a partir de la firma del Decreto 823/2021, que en lugar de promover maniobras irregulares, buscaba –según Fernández– proteger el patrimonio estatal y limitar la intervención de intermediarios que pudieran perjudicar a las arcas públicas.
Además, el exmandatario reclamó que se cumpla con la producción de pruebas que había solicitado en su primera indagatoria y que, hasta el momento, no se llevaron adelante. En particular, insistió en que se convoque a declarar a exfuncionarios de su gabinete como Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán, Adriana Guida y Miguel Pesce, a quienes considera testigos clave para ratificar la legalidad de las decisiones adoptadas.
Un expediente que se mantiene abierto
Desde el entorno del expresidente señalaron que Fernández tomó la decisión de ampliar su declaración al considerar que la causa no avanzó de manera imparcial bajo la subrogancia anterior y que ninguna de las pruebas incorporadas en los últimos seis meses lo involucra en hechos delictivos.
“Alberto quiere dejar en claro su ajenidad total con las maniobras investigadas y reafirmar, con argumentos y datos objetivos, que nunca participó de ninguna acción tendiente a perjudicar al Estado”, sostuvieron sus allegados.
Con esta nueva presentación, el expresidente espera una definición judicial que, como él mismo señaló en su comunicado, sea independiente de presiones externas y archive una causa que, a su criterio, carece de sustento.
