El incremento de la litigiosidad laboral en las empresas genera alarma entre los empresarios industriales. Y es que, luego de la reforma que se aplico a la Ley de Riesgos del Trabajo de 2017 parecía que la tendencia a que los empleados entablaran juicios contra sus empleadores iba a disminuir. De hecho, se logró por un tiempo frenar lo que el sector denomina como «industria del juicio», pero luego de un período de relativa calma, regresó.
Tras su última reunión quincenal, la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre el crecimiento de la litigiosidad relacionada con accidentes laborales y pidió generar cuerpos médicos forenses provinciales.
La UIA señala : «El departamento de Política Social presentó los indicadores sobre el aumento de la judicialización y su impacto en el sector productivo en hechos relacionados con accidentes laborales. Al respecto, se destacó que, en agosto de este año, se notificó a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ARTs) las existencia de unos 13.750 juicios, mientras que el stock acumulado de nuevos juicios en 2024 alcanza los 81.709″.
Pedido a las provincias
El reclamo de los empresarios es que las provincias terminen de adherir completamente a la última modificación de la ley que se hizo durante la anterior administración de Mauricio Macri, en 2017. Hasta ese momento, la cantidad de juicios era de unos 120.000 al año. Entre otros puntos, se pidió a las provincias que las legislaturas provinciales que emitieran sus propias leyes de adhesión a la normativa nacional.
Eso es porque el fuero laboral es de jurisdicción de las provincias, de manera que, por más que una ley nacional establezca ciertas cuestiones en materia de trabajo, siempre se requiere que los estados subnacionales las adopten. Al principio, por caso, la mayor cantidad de juicios se iniciaban en provincias que todavía no habían adoptado como propias las leyes nacionales.
La modificación introdujo mejoras en los importes que tienen que abonar las ART en casos de accidentes o enfermedades laborales, además de establecer una tabla de enfermedades y de valor por daño sufrido por un empleado. El cambio, no cerró la vía judicial para los casos en los que el empleado no esté de acuerdo con lo que le ofrece la compañía de seguro.
Pero en todas las provincias, menos Mendoza, todavía no se constituyeron cuerpos forenses que asistan a los jueces en caso que el reclamo de un empleado pase a esa instancia. Esos técnicos tienen que determinar el grado de invalidez que le produjo un accidente a un trabajador y el juez determinar el daño.
Los jueces convocan a peritos ad hoc y luego se determinan indemnizaciones muy por encima de lo que ofrecen las ARTs. No se usan los criterios de la ley para establecer grados de daño, ni el correspondiente resarcimiento, lo que genera un incentivo a litigar. El detalle de lo que se quejan las empresas es que los peritos no cobran una cifra fija por su tarea sino un porcentaje del fallo, lo que a su vez genera el incentivo de estos a sobre estimar grados de daño. En Mendoza, los forenses cobran un importe fijo por su tarea y de manera inmediata, sin esperar a que concluya un proceso que puede durar años.
El reclamo de las compañías de seguro
La Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtió en un comunicado que «el aumento de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo es una amenaza que urge resolver».
«No hay tiempo para más dilaciones. A pesar de la disminución constante de accidentes y de los fallecimientos en el ámbito laboral, de la menor gravedad de los mismos, de la atención inmediata, oportuna e integral, de la actualización permanente y automática de las indemnizaciones dinerarias y de las reformas normativas en línea con la jurisprudencia, los reclamos judiciales no dejan de crecer. Una paradoja difícil de explicar: menos siniestros, mejores servicios y más beneficios, pero cada vez más juicios», señaló la entidad.
Al igual que la UIA, la entidad reclamó a las provincias que constituyan los cuerpos de peritos forenses, cuyos honorarios vayan desenganchados del resultado de los juicios.
El Banco Central también interviene
La otra arista de la litigiosidad laboral es que los jueces usan criterios muy dispares para actualizar sus sentencias debido al efecto de la inflación. Algunos plantean el uso del Coeficiente de Estabilización de Referencias (CER) más algunos puntos. Otros adoptan criterios de capitalización de intereses que multiplican los valores.
Al respecto, hace unas semanas las compañías de seguro más importantes del país plantearon este problema al equipo económico en una reunión en la que estaba el ministro de Economía, Luis Caputo. Y de ello, resultó el último anuncio del Banco Central que plantea el uso de la tasa judicial, algo que no es nuevo. Se calcula en base al rendimiento de un plazo fijo del Banco Nación. Se trata de una aplicación que se puede usar en el sitio web del organismo.
El BCRA elabora y publica la Tasa de Interés para uso de la Justicia desde 1991. Esa tasa se fijó en su origen de acuerdo a la reglamentación definida en el Decreto 941/91, y se encuadra actualmente en lo estipulado en el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Esta tasa se calcula con base en el rendimiento de plazos fijos y cajas de ahorro remuneradas y refleja la realidad económica existente en cada momento considerado de manera consistente durante un período de más de 30 años.
