El gremio había anunciado una medida de fuerza para el día que el Congreso discuta la reforma laboral impulsada por el Gobierno aunque podrían adelantar el reclamo.
Ante la «amenaza» de un nuevo recorte de la planta estatal que analiza llevar adelante el gobierno de Javier Milei, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analiza adelantar el paro anunciado el pasado 27 de noviembre para rechazar la medida.
Según señalaron desde ATE, se trataría de un 10% del total de la planta, es decir, «aproximadamente 28.000 despidos” previstos para antes del 31 de diciembre de trabajadores de organismos descentralizados del Estado. Entre ellos, están la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.
Inicialmente, estaba previsto que la medida de fuerza se llevara a cabo el día que comenzara el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, aunque el gremio de estatales podría adelantar el paro ante la amenaza de despidos.
El titular de ATE apuntó contra Sturzenegger y remarcó que «el sector público no resiste más ajustes»
En este marco, el secretario general del gremio Rodolfo Aguiar apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y lo calificó de “siniestro” porque “viene por los trabajadores”.
“Tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, afirmó el gremialista.
En la misma línea, sostuvo que el Gobierno Nacional “miente” porque “nunca se trató de una cuestión presupuestaria”, sino de una postura “ideológica”: “Los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto y la deuda externa se ubica por encima del 25%”, agregó.
Por último, Aguiar enfatizó que “está más que claro” que Milei que no quiere destruir el Estado sino que pretende “moldearlo” para que sólo se aseguren “los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales” que tienen vinculaciones con Argentina.
“Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint”, concluyó el gremialista.
