Integrantes de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado realizaron este martes una conferencia de prensa para rechazar las denuncias que presentó el Gobierno de Javier Milei contra periodistas por difundir audios de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien reveló presuntas coimas en el organismo.
«Como senadoras y senadores debemos tutelar la Constitución Nacional. Por lo tanto expresamos que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, en este caso bajo la firma del Presidente y la ministra de Seguridad, es anticonstitucional«, señaló la presidenta de la comisión, la senadora de Unión por la Patria Carolina Moises.
La conferencia de este martes fue organizada por senadores de distintos bloques para cuestionar la estrategia con la que el oficialismo busca tapar el escándalo de las coimas. En materia legal, esa estrategia consistió en dos denuncias -una penal y una civil- para pedir que se prohíba la difusión de las grabaciones de Karina Milei, Spagnuolo y otros funcionarios o exfuncionarios, y solicitar que se ordenen allanamientos a periodistas y abogados con el insólito argumento de que se trata de un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La responsabilidad de los senadores, explicó Moises este martes, «no solo es tutelar la Constitución sino también las leyes vigentes y específicamente dentro de esta comisión generar las garantías y derechos de los periodistas, de la prensa, de los medios de comunicación, tutelando la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de empresa y sobre todo la libertad de los ciudadanos y ciudadanas de comunicarse por los medios que elijan sin condicionamientos«, insistió.
En ese sentido, expresó la solidaridad de la comisión con los periodistas denunciados este lunes pero también con todos los trabajadores de prensa que en el último tiempo sufrieron ataques por parte del ultraderechista. «Porque esto es una temperatura que fue subiendo, a partir de un Gobierno que empezó a atacar con calificativos específicos a determinados periodistas y siguió avanzando con el discurso de odio que sostiene en todos los ámbitos y lamentablemente la respuesta siempre es la violencia», planteó Moises.
Luego tomó la palabra Pablo Blanco, senador de Juntos por el Cambio Tierra Del Fuego, quien al igual que Moises recordó que la misión de la comisión es defender «una libertad clara que está establecida en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes», por lo que «bajo ningún punto de vista podemos permitir este tipo de atropellos que está llevando adelante el Poder Ejecutivo desde hace bastante tiempo, con calificativos hacia todos aquellos que piensan de manera distinta».
Las denuncias que presentó el Gobierno contra periodistas «ya traspasan la barrera», advirtió Blanco. «No se puede permitir bajo ningún punto de vista este tipo de actitudes. No solamente del Ejecutivo sino también del Poder Judicial, a través de este juez que parece ser que no ha leído la Constitución que rige para la República Argentina, que vaya a saber por qué motivo, seguramente por las causas que tiene pendientes en el Consejo de la Magistratura, ha llevado a tomar esta determinación francamente violatoria de nuestra Constitución Nacional«, añadió, en referencia al juez civil Alejandro Maraniello -quien acumula ocho denuncias, cinco de ellas por acoso y abuso sexual-, que este lunes dio curso a una cautelar prohibiendo la difusión de los audios.
En el mismo sentido, el senador Martín Lousteau de Juntos por el Cambio, que no participa de la comisión pero decidió de todos modos formar parte de la conferencia debido a la gravedad de lo ocurrido, cuestionó las órdenes de allanamientos a periodistas solicitadas por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, dado que no respetan las libertades que están garantizadas en la Constitución.
«Acá hay muchos periodistas. Si cuando se publica algo que no le gusta al Gobierno, el Gobierno puede proceder a allanar el domicilio de un periodista o allanar sus lugares de trabajo, piensen ustedes: ¿cómo se sentirían?», reflexionó Lousteau.
«Piensen si sentirían que tienen libertad de prensa, si sentirían que tienen garantía de confidencialidad de sus fuentes, si sus fuentes sentirían que pueden acudir a ustedes para contarles algo. Estaríamos dando un paso muy problemático para la salud de la democracia y de una sociedad abierta», concluyó Lousteau.
