La Cámara Federal de Casación Penal anuló una sanción disciplinaria impuesta por el Servicio Penitenciario Federal a un interno que cursa estudios universitarios en el Centro Universitario de Devoto (CUD), y reafirmó el derecho a la educación en contextos de encierro. El hecho sucede luego de que la ministra Patricia Bullrich prohibiera los centros de estudiantes dentro de las cárceles federales.
La decisión fue adoptada por la Sala II del máximo tribunal penal, con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma y la disidencia de Guillermo Yacobucci, al hacer lugar a un recurso presentado por la defensa oficial del detenido.
El caso se remonta a la detección, en el momento de su regreso al pabellón, de un pendrive y un teléfono celular sin chip ni conexión wi-fi que, según argumentó el interno, contenían material bibliográfico.
Slokar y Ledesma dejaron sin efecto la sanción tras constatar que el sancionado es estudiante regular de abogacía, con cuatro materias del Ciclo Profesional Común aprobadas con calificaciones entre 7 y 10, además de trece asignaturas de una carrera en Ciencias Económicas.
“El derecho a la educación en contextos de encierro adquiere una densidad aún más significativa, manifestándose como el derecho básico a aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución”, sostuvo el juez Slokar, quien también recordó que el CUD celebra 40 años de funcionamiento en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
La Justicia destacó los logros de la educación en las cárceles
El fallo valoró los logros de esta experiencia educativa, que ya permitió a más de 3.500 internos cursar estudios universitarios, con más de 150 títulos de grado otorgados. Slokar destacó que la tasa de reincidencia entre quienes acceden a la universidad en contexto de encierro es inferior al 3%, frente al promedio del 30% en el ámbito federal.
“Una cárcel más humana no resulta incompatible con la seguridad de los habitantes, sino que la complementa y refuerza”, expresó Slokar, y concluyó su voto citando al Papa Francisco: “Es más fácil reprimir que educar, y yo diría, es más cómodo también… es un modo de descarte”.
El interno cuya sanción fue anulada cumple una condena de cuatro años y once meses por el delito de transporte de marihuana.
Bullrich, contra la educación en las cárceles
A fines de marzo pasado, el Ministerio de Seguridad decidió clausurar una de las pocas herramientas de organización y acceso a derechos que tenían las personas privadas de libertad: los centros de estudiantes dentro de las cárceles federales. A través de la Resolución 372/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno prohibió su funcionamiento, bajo el argumento de que afectan la seguridad y el orden penitenciario.
Para quienes están presos, estudiar no es solo un derecho: es muchas veces la única manera de construir un futuro diferente. Sin embargo, el nuevo reglamento establece que los internos no podrán permanecer en los espacios educativos fuera del horario estricto de clases, lo que en la práctica impide la existencia de centros de estudiantes. La resolución dice garantizar el acceso a la educación en todos sus niveles, pero al mismo tiempo impone restricciones que hacen más difícil su ejercicio.
El argumento oficial sostiene que los internos que participan de estas agrupaciones «no cumplen con las obligaciones del régimen penitenciario» porque pasan demasiado tiempo en los centros educativos, dejando de lado tareas laborales o de mantenimiento. Desde el Ministerio aseguran que esto “tergiversa la finalidad de readaptación social” y afecta la disciplina dentro de los penales.
