Luego de arduos meses de trabajo el jueves pasado llegamos a la votación de la segunda lectura de esta nueva modificación del CUR propuesta por el oficialismo. Para entenderlo de forma simple el CUR es el que define cuanto (metros, altura) se puede construir en cada parcela de la ciudad y que usos (vivienda, actividades comerciales, equipamiento urbanos, etc.) se le pueden dar. Por otra parte, el código de edificación señala qué características tienen que tener al interior estos espacios (metros mínimos por departamento o ambiente, acceso a luz natural, ancho de pasillos, espacios comunes etc.) Por último, el gran ausente es el Plan Urbano Ambiental, que debería ser previo a estas actualizaciones y que brilla por su ausencia.
Esta nueva actualización surgió de las múltiples reacciones negativas que produjo la reforma de 2018, que dio a luz a los colectivos de vecinos y vecinas de diferentes barrios que se sumaron a muchos otros espacios que vienen actuando en la ciudad con agendas de preservación del patrimonio, ambientales y de mejora de la calidad de vida. La disputa por el destino de las tierras de Costa Salguero, su audiencia pública masiva y las más de 40.000 firmas que posibilitaron impulsar la primera iniciativa popular desde la autonomía de la ciudad, fue un punto alto en la visibilidad de estas agrupaciones.
Desde la oposición legislativa anticipamos en 2018 los problemas que traería para nuestra ciudad la sanción de esta normativa, como así también los errores y cuestiones pendientes que señalamos en ese momento que el mismo contenía. El oficialismo se aferró en soledad a un instrumento de baja calidad que no sólo empeoró la calidad de vida de las y los vecinos y vecinas, sino que, con la clara intención de brindarle mayor cantidad de metros cuadrados a las grandes desarrolladoras inmobiliarias en zonas de bajo riesgo y gran rentabilidad, ha generado una ciudad donde cada vez hay más gente sin casa y mas casas sin gente que las habite fruto de la especulación y su uso como reserva de valor.
También debemos recordar que ha sido nuestra fuerza política, tomando las demandas de los colectivos vecinales y poniendo herramientas concretas en la formulación de proyectos, la que tuvo la capacidad de introducir la problemática en la agenda pública, cuestión que en el marco de la campaña electoral del año 2023 debió ser tomada por Jorge Macri, realizando promesas que en este proyecto están cumplidas a medias. Porque digamos la verdad ¿Esta modificación resuelve la cuestión de fondo, es decir, las demandas que muchos vecinos y vecinas de diversos barrios hicieron? Y bueno, la respuesta que yo encuentro a esa pregunta es que seguramente se lograron mejoras, se bajaron alturas, se amplió el centro libre de manzana, que entendemos que es positivo, pero en la medida en la cual esta modificación no cambió el paradigma del modelo de ciudad vamos a estar, seguramente, en algún tiempo volviendo a discutir muchas cuestiones.
Al mismo tiempo, por un lado se logró preservar la trama interior de los barrios pero se incluyó un instrumento como la capacidad constructiva adicional que genera alta constructibilidad en avenidas y zonas que ya poseen muchos metros cuadrados, que seguramente multiplicará las reacciones de los vecinos frente a estas nuevas excepciones al código.
Lo mismo pasa con cuestiones que nosotros planteamos como la saturación de usos en el Centro Comercial Avellaneda o zonas degradadas como Constitución, donde se tomaron una serie de cuestiones que nos parecen positivas pero que, sin dejar plasmado un abordaje más específico, pueden ser simplemente buenas intenciones.
Una reforma positiva es el retorno al CUR de la vivienda del encargado. Recordemos que la misma pasó de ser obligatoria su construcción según la Ley 2428 del 2006 a su eliminación en las reformas de 2018 y 2020. A partir de esta nueva reforma, la vivienda del encargado vuelve a estar incluida en el código a través de las modificaciones de los artículos 14 y 41, planteando incentivos para su construcción entendiendo que se trata de una realidad muy valorada por muchos vecinos, sobre todo los adultos mayores y los habitantes de edificios con muchas unidades.
En definitiva, pareciera que es muy difícil lograr modificaciones significativas de las tendencias existentes sin cambiar el modelo de ciudad. Si no estamos dispuestos a revisar quiénes son los actores, cómo funciona y cuál debe ser el paradigma de abordaje del acceso a la vivienda, es muy difícil dar una discusión seria en relación a este tipo de modificaciones.
Entonces, más que una modificación al Código, lo que creo que tenemos que discutir es cómo dialoga con el modelo de ciudad, qué instrumentos tenemos, cuáles necesitamos y cómo los utilizamos. Mejor dicho, este Código, con o sin reformas, es letra muerta si no podemos pensarlo en articulación con las problemáticas concretas que viven nuestros ciudadanos y ciudadanas.
En 2018 se nos quiso convencer de que esta normativa iba a posibilitar una ciudad de 6 millones de personas, que la ciudad iba a dejar de crecer en los bordes para densificarse en las centralidades, pero este enunciado, así como también la idea de la ciudad morfológicamente compacta, solamente sirvieron para justificar más altura en las Comunas de siempre y en muchos barrios de casas bajas afectando su identidad.
Creemos que el problema central es que no podemos seguir pensando el planeamiento, el suelo, la vivienda, el transporte y la infraestructura en compartimentos estancos. En un país donde la vivienda ha jugado históricamente, un rol de reserva de valor, que se encuentra dolarizada, desfasada de los ingresos promedio de la gran mayoría de los ciudadanos y con casi nulo crédito hipotecario, es evidente que se debe desarrollar una estrategia creativa, ambiciosa y continuada para comenzar a resolver la cuestión. En mi caso, hace 3 años presenté un proyecto de Ley Marco de Vivienda en el cual hay más de 15 instrumentos distintos, tanto de subsidio a la oferta como a la demanda que, en el marco de la articulación con las áreas de planeamiento, podría ser un poderoso instrumento de intervención.
Entonces, es fundamental poder alinear acceso a la vivienda, mejor calidad de vida en los barrios residenciales, planificación urbana, infraestructura y transporte y desde allí trabajar en iniciativas concretas en el marco de un Plan Urbano Ambiental que nos genere una ciudad de Buenos Aire sustentable, sostenible, productiva y accesible.
*Matias Barroetaveña es Legislador de UP, integrante de la Comisión de Planeamiento Urbano.
