En su primer acuerdo después de las elecciones, la Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Mauricio Macri por el espionaje ilegal que sufrieron las familias que reclamaban saber qué había pasado con los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino de la Armada Argentina que se hundió en noviembre de 2017. Los cortesanos tuvieron el expediente más de un año y medio, pero no lo analizaron. Rechazaron los planteos de los parientes por un defecto formal.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –hoy Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)– siguió, fotografió y reunió información sobre los parientes de los submarinistas desde que el buque desapareció hasta que se lo encontró en el fondo del océano. Estas tareas estuvieron en manos de la delegación Mar del Plata del organismo que manejaba Gustavo Arribas, amigo personal de Macri.
En diciembre de 2021, el juez federal Martín Bava –que subroga en Dolores– procesó a Macri porque entendió que la actividad que desplegaron los espías de la base Mar del Plata obedeció a una razón: anticiparle al entonces Presidente cuáles serían los reclamos de las familias de los marinos en un tema que atraía la atención de todo el mundo.
Dictar ese procesamiento fue la última osadía de Bava antes de que le sacaran todas las causas sobre espionaje que tramitaban en Dolores –la que orbitaba alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, la de las bases AMBA y la del ARA San Juan. El paquete de casos pasó a Comodoro Py y quedó en manos del juez Julián Ercolini.
En julio de 2022, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Macri y del resto de los imputados. Lo hizo con los votos de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia –tres jueces que se incorporaron al tribunal durante el gobierno de Cambiemos. En ese momento, la Cámara sostuvo que la AFI monitoreaba a los familiares porque podrían suponer un riesgo para la seguridad del Presidente y/o la seguridad nacional.
La Cámara Federal no pudo negar el espionaje porque había documentos que daban cuenta de esa vigilancia. Fueron los que encontró la interventora de la AFI Cristina Caamaño y denunció ante la justicia federal en septiembre de 2020.
Tras el fallo de Llorens, Bruglia y Bertuzzi, el tema escaló a la Cámara de Casación. En ese momento, el fiscal ante la Cámara Federal José Agüero Iturbe, había sostenido que Llorens, Bertuzzi y Bruglia parecían más preocupados por sobreseer a Macri que por investigar qué había pasado con las víctimas. Lo que nadie pudo explicar es por qué los espías seguían vigilando a los familiares cuando Macri no estaba cerca, si lo que estaba siendo cuidado era la seguridad del entonces Presidente.
En Casación hubo una verdadera batalla por la integración de la Sala II. Macri logró correr a Alejandro Slokar porque había sido crítico en una entrevista sobre las prácticas de espionaje y porque estaba apartado de la causa D’Alessio. Otro de los exfuncionarios de la AFI intentó –sin éxito– apartar a Ledesma con otro argumento insólito: decía que la jueza tenía animadversión contra el expresidente porque había criticado las visitas de sus colegas a Olivos o a la Casa Rosada. La querellante Valeria Carreras apuntó que Mariano Borinsky era uno de esos visitantes, pero no tuvo suerte con su planteo. A Carlos Mahiques lo terminaron sacando sus colegas después de una respuesta destemplada contra las familias querellantes.
Así quedó conformada la Sala II por Guillermo Yacobucci, Borinsky y Ledesma. El 28 de noviembre de 2023, Yacobucci y Borinsky confirmaron el sobreseimiento del expresidente. En su voto, Yacobucci dijo que el Estado tiene potestad para controlar desde manifestaciones de apoyo, adhesión, algarabía, festejo, crítica, repudio, reclamos justificados hasta protestas sociales si existe algún riesgo para el Poder Ejecutivo.
Ledesma planteó que el fallo de la Cámara era darles vía libre a los servicios de inteligencia. Un diagnóstico similar había hecho el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actuó como amicus curiae (amigo del tribunal) en la causa.
Después del fallo de la Casación, solo las querellas apelaron. El fiscal Raúl Pleé consintió la decisión que benefició a Macri. Lo curioso es que antes él había sostenido que el tema debía investigarse.
La cuestión estuvo en la Corte Suprema desde marzo del año pasado. Sin embargo, el máximo tribunal no le imprimió la misma velocidad que puso para confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner en junio pasado.
En dos párrafos y por una formalidad, rechazó los planteos de la querella. El fallo salió con la firma de los tres cortesanos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
“El rechazo del recurso es por defectos formales, ni siquiera esta conformación de la Corte se animó a convalidar que las tareas de inteligencia estaban justificadas en la peligrosidad de las madres esposas y hermanas de los tripulantes del ARA San Juan”, explica la abogada Carreras.
“El resultado era esperado en cuanto no obtener justicia en la Argentina, estando Macri de por medio. Sin embargo, el 20 de julio de 2022 iniciamos un reclamo ante Naciones Unidas. Estando agotada la vía nacional, se puede accionar desde aquel ámbito”, añade Carreras. “Si fueron capaces de espiarlas, si fueron capaces de justificarlo luego; que ahora se nieguen a revisar el fallo no sorprende”.
