A pedido del fiscal de Lomas de Zamora Sergio Mola, la justicia archivó la investigación por la visita de diputados de LLA a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad alojados en la cárcel de Ezeiza.
El fiscal, el mismo que pide cárcel común para la expresidenta Cristina Kirchner, postuló el “archivo” de la investigación que se había abierto contra autoridades e integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de la ministra Patricia Bullrich.
La causa se inició para investigar las circunstancias en que se produjo la visita ocurrida el 11 de julio de 2024 en el Complejo Penitenciario Federal VII.
Tras el pedido del fiscal Mola que postuló el archivo, el juez federal Luis Armella cerró la investigación ante la ausencia de impulso del ministerio público fiscal.
La visita
La visita en cuestión al Complejo Penitenciario de Ezeiza fue en julio del año pasado. Seis diputados de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, y Rocío Bonacci fueron al penal donde estaban alojados varios represores, entre ellos Alfredo Astiz.
Tras tomar estado público, el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 5 responsable de la ejecución de la pena a represores de ESMA, denunció el hecho ante la justicia federal de Lomas de Zamora.
Luego hizo una denuncia la diputada Arrieta, que fue desestimada el año pasado por el fiscal Mola.
Entonces la investigación apuntó al Servicio Penitenciario. Pero el fiscal consideró que no hay elementos como para avanzar en imputaciones.
“Se trató de un grupo de representantes de uno de los poderes del Estado que, al presentarse en el Complejo Penitenciario Federal VII, expresaron que concurrían a verificar las condiciones de detención de personas allí alojadas. Que a una visita a detenidos por parte de representantes del Estado las autoridades del SPF la hayan considerado como una ‘recorrida’ no parece ilógico«, consignó Mola al pedir la desestimación.
«Resulta atendible que a los visitantes no se le hayan realizado mayores procedimientos de control”, insistió el fiscal.
Explicó el fiscal que “en las incontables ‘recorridas’ que los operadores judiciales que nos desempeñamos en esta jurisdicción hemos realizado en los distintos establecimientos penitenciarios de nuestra competencia no fuimos requisados físicamente ni se nos han quitado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. ¿Por qué motivo la autoridad penitenciaria debería haber tomado ante legisladores nacionales una actitud distinta a las que habitualmente adopta frente a autoridades judiciales?«.
