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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado aseguraron que la propuesta de las autoridades no ofrece estabilidad laboral permanente.
El Gobierno argentino prorrogó hasta el próximo marzo los contratos de 40.000 trabajadores públicos, al tiempo que condicionó su permanencia en las instituciones del Estado a la aprobación de un examen de idoneidad, recoge La Nación.
Desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei, hasta noviembre del pasado año, las autoridades han prescindido de casi 36.000 empleados públicos, según cifras reveladas en X por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Entonces, el funcionario justificó los despidos alegando que «menos gasto público son menos impuestos y, por ende, más capacidad de gasto para el sector privado», lo que en su criterio implica «devolverle el dinero a sus verdaderos dueños».
Recortes continuos
A estos fines, la administración libertaria ha optado por renovar las contrataciones cada tres meses y anunciar periódicamente reducciones de personal, bajo el argumento de la optimización del gasto.
Además, ha condicionado la continuidad en los cargos y el paso a un régimen de mayor estabilidad a la obtención de calificaciones exitosas en la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, una suerte de «examen de idoneidad» en el que se evalúa la comprensión lectora, el razonamiento matemático y los saberes propios de la administración pública.
De momento, unos 14.000 ya han sido evaluados y, de acuerdo con declaraciones de Sturzenegger, el 95 % de ellos aprobó.
«De los empleados contratados, a partir de marzo seguirán los que cumplan con dos condiciones: el examen de idoneidad aprobado y que sus jefes consideren que la persona cumple una función necesaria para el área», explicó al citado medio un colaborador gubernamental cuyo nombre no se especificó.
Empero, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicaron que los trabajadores a los que se les venció el contrato el pasado 31 de diciembre son 55.000 y no 40.000, como afirman desde el Ejecutivo. Además, el titular de la entidad, Rodolfo Aguiar, precisó que aunque estas personas aprobaran la evaluación y sus superiores les valoraran positivamente, se les ofrece contrato solo por un año, lo que no representa una mejora sustantiva en sus condiciones laborales.
