En el caso Revolución Federal se hicieron peritajes sobre las operaciones comerciales de Jonathan Morel. En tanto, el testimonio de una comisaria no aportó elementos para acusar a la Policía Federal.
En las dos causas paralelas vinculadas al atentado a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022, hubo avances que abonan las acusaciones de sus abogados. Un peritaje confirmó que Caputo Hermanos pagaron sobreprecios al líder de Revolución Federal (RF) y nuevos testimonios debilitan las sospechas sobre el posible rol de la Policía Federal en el magnicidio fallido.
Desde el primer momento, los abogados de Cristina Kirchner pidieron que la investigación sobre el intentado de asesinato en su contra avance sobre los autores intelectuales y no se quedara en los materiales. Entre otras cuestiones, pidió que se indagará en los posibles financistas de la organización de ultraderecha RF, la cual habría tenido fuertes vínculos con Fernando Sabag Montiel, la persona que gatilló sin éxito sobre el rostro de la expresidenta.
Los apuntados eran los hermanos del actual ministro de Economía, Luis Caputo, quiénes le pagaron al líder de RF, Jonathan Morel, sumas millonarias para amueblar un edificio en Neuquén. Las sospechas residen en que Morel tenía casi nula trayectoria en el rubro y su taller se encontraba muy lejos del edificio. En paralelo a estas transacciones, su organización RF realizó varias acciones intimidatorias contra Cristina Kirchner y otros funcionarios del gobierno del Frente de Todos.
Tras analizar 16 operaciones comerciales, el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales determinó que Jonathan Morel le facturó a Caputo Hermanos bienes de carpintería por sumas que superan entre un 20% y un 10% el valor de mercado. Estos cálculos no tienen en cuenta el costo de flete desde el Gran Buenos Aires hacia Neuquén.
Nuevos testimonios sobre el rol de la Policía Federal
La jueza que lleva la causa sobre el intento de magnicidio, María Eugenia Capuchetti, comenzó este viernes una ronda de declaraciones testimoniales de agentes que instruyeron un sumario interno contra dos policías. Tanto Capuchetti como el diputado del PRO Gerardo Milman sembraron dudas sobre el rol de la Federal. Apuntan que fueron responsables, entre otras cuestiones, de borrar el contenido del celular del Sabag Montiel.
Sandra Judith Carral Leiva, comisaria mayor de la Dirección General de Investigaciones Internas de la PFA, fue una de las personas que prestaron su testimonio. Ante la jueza aseguró que ni ella ni otros policías fueron presionados para direccionar las actuaciones administrativas.
Luego de las preguntas a Carral Leiva, el fiscal de la causa Carlos Rívolo encaró a los abogados de Milman, apuntado por los abogados de Cristina Kirchner de estar involucrado en el intento de magnicidio. El dirigente del PRO había dicho en los medios hace unos días que pronto se iba a saber quiénes habían puesto el arma en las manos de Sabag Montiel.
Según publicó Página 12, cuando el fiscal Rívolo se acercó con los abogados de Milman, les preguntó: «afirmó que ni ella ni otros policías fueron presionados para direccionar las actuaciones administrativas». Los abogados se quedaron callados.
