El fiscal ante la Casación, Mario Villar, produjo este lunes un significativo paso atrás: no sostuvo el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de que Cristina Kirchner tiene que cumplir la condena en un penal o en una unidad de una fuerza de seguridad. Eso sí, Villar argumentó que San José 1111 no es un lugar adecuado e insistió en que CFK debe mudarse: el deseo político (del macrismo y el mileismo) es que se vaya a El Calafate o a una quinta de difícil acceso en el Gran Buenos Aires, lejos de quienes quieran expresarle adhesión o afecto y lejos también de dirigentes políticos con los que pudiera tratar tácticas y estrategias de la oposición. La defensa de Cristina sostuvo que ese es el domicilio de la expresidenta desde hace dos años y que no hay ninguna razón ni informe que motive la exigencia de que CFK se traslade. Respecto de las visitas, Villar argumento que hasta ahora se autorizaron todos los pedidos y que por lo tanto no hay agravio alguno, pero la defensa respondió que la autorización no rige para ninguna persona de todo el país con prisión domiciliaria y por lo tanto no debería imponerse a Cristina. Finalmente, el fiscal insistió en que la tobillera debe seguir puesta y la defensa contestó que ese implemento existe para que una persona no se fugue, algo imposible en el caso de la exmandataria porque hay una custodia de la Policía Federal en la puerta. Los jueces de Casación resolverán antes de este viernes, cuando empiece la feria judicial. Les dieron a las partes unas horas del miércoles para que, si quieren, presenten un escrito adicional.
La audiencia en Comodoro Py fue presidida por los tres integrantes de la Sala IV, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. En la pared, atrás de los magistrados, lucía un llamativo crucifijo, como alineando la justicia con una convicción religiosa, algo contradictorio con el espíritu constitucional de la reforma de 1994. En ese escenario, todo transcurrió de manera tranquila, sin gritos ni polémicas subidas de tono.
Indudablemente la noticia del mediodía fue que el fiscal Villar no sostuvo el reclamo feroz -en tono y en contenido- de Luciani y Mola, que exigían que “cumpla la condena intramuros” y que incluso trataron mal a los magistrados cuando sostuvieron que otorgarle la prisión domiciliaria a Cristina “es un desatino más de los tantos desaciertos del Tribunal”. Villar, en cambio, afirmó que CFK ya está cumpliendo la pena en su vivienda, que no ha cometido irregularidades y que por lo tanto “no es pertinente retrotraer”. En una palabra, el fiscal ante la Casación consintió la prisión domiciliaria, no reclamó la cárcel como lo hicieron sus dos colegas que siempre exhibieron su enemistad política con CFK. Ya se sabe que Luciani jugaba al fútbol en la quinta de Mauricio Macri y Mola iba a la Casa Rosada.
Domiciliaria sí, pero lejos
Villar planteó en un escrito de 18 páginas que Cristina debe mudarse. El principal argumento es que en San José 1111 no está garantizada la seguridad. No lo fundamentó en un informe o en una evaluación de riesgos. Sólo razonó que cuando sale al balcón (algo que sucedía al principio), se expone.
La defensa de Cristina, a cargo de Carlos Alberto Beraldi y Ary LLernovoy, sostuvo en cambio que Cristina no eligió un domicilio cuando le dictaron la condena, sino que vive ahí desde hace dos años: “ese es su domicilio”, en el que además mantiene sus vínculos familiares, políticos y con sus abogados. Por lo tanto, no corresponde que la obliguen a buscar otro domicilio.
Como viene señalando Página/12 hace casi un mes, hay una presión mediática para aislar a Cristina. La idea es obligarla a irse a El Calafate o a una quinta bonaerense, más bien alejada de un contacto con la gente y con otros dirigentes de oposición. Los primeros días de la prisión domiciliaria, con una multitud reunida frente al edificio de Constitución, la reacción fue hasta histérica: los voceros del macrismo y el mileismo exigían que le prohibieran salir al balcón y, sobre todo, que la sacaran de San José 1111. Las cosas se aliviaron en las últimas dos semanas en que volvió una tranquilidad más bien natural. La impactante visita de Luis Inacio Da Silva, el presidente de Brasil, convocó un centenar de adherentes, pero todo transcurrió con tranquilidad.
Habrá que ver qué resuelven los jueces: la impresión es que dejarán las cosas como están, pero amenazando a Cristina con disponer su mudanza si se producen fuertes movidas políticas frente a su domicilio.
La insólita restricción a las visitas
Como se sabe, Beraldi-Llernovoy tuvieron que presentar un listado de familiares, abogados, médicos, contadores y personas cercanas, que no son los que requieren autorización judicial para visitar a Cristina. El resto, tiene que pedir permiso. Villar respaldó esa decisión del Tribunal Oral, argumentando que hasta ahora todos los pedidos de visita fueron autorizados. Por esa razón, la defensa no tiene motivos para reclamar.
Beraldi sostuvo que lo que se debate es un procedimiento incorrecto. No hay un sistema de autorizaciones de visitas respecto de ninguna de las personas que en el país cumplen prisión domiciliaria ni existe una norma que lo establezca ni determine los criterios por los cuales una persona será autorizada y otra no.
Desde la fiscalía sugieren que no debería permitirse la visita de alguien que tenga condenas o que se presuma peligroso, algo que hasta el momento no aparece en el horizonte cotidiano de los que van a ver a CFK.
El tema indudablemente estará en el escrito, Breves Notas, que Beraldi va a presentar en la mañana del martes.
La polémica de la tobillera
El argumento de Villar de que Cristina debe seguir con tobillera es que la ley lo establece, aunque la misma norma afirma que podría exceptuarse si hay un informe multidisciplinario, en especial de la Dirección de Asistencia y Control de la Ejecución Penal, lo que antes se llamaba Patronato de Liberados.
Beraldi señaló que la tobillera tiene un propósito, evitar una fuga. Y esa fuga, en el caso de CFK, es imposible, porque ella tiene una diferencia con los demás detenidos en prisión domiciliaria: por ley, tiene una custodia de la Policía Federal en la puerta, dado que es expresidenta. De manera que no hay posibilidades de fuga, además de que es una personalidad conocida que no podría ir muy lejos y, en especial, que siempre estuvo a derecho.
Todo indica que Borinsky, Hornos y Barroetaveña resolverán seguramente el mismo viernes, último día antes de la feria judicial de invierno. Dieron plazo hasta las dos primeras horas de este martes para presentar un breve escrito en el que las partes refuercen lo que dijeron en la audiencia. Está claro que la domiciliaria no corre peligro; que es improbable que la obliguen a mudarse y hay que ver lo que decidan sobre visitas y tobillera.
