En medio de un proceso de desregulación, el Gobierno Nacional avanza con la implementación del autodespacho de combustibles en estaciones de servicio. A través de la Resolución 147/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía aprobó el procedimiento que permitirá a las estaciones de servicio ofrecer esta modalidad. Sin embargo, esta medida, aunque aplaudida por algunos como un avance en la modernización del sector, también despierta serias preocupaciones sobre su impacto en el empleo y la seguridad en las estaciones de servicio.
El nuevo marco establece que las estaciones de servicio podrán implementar el autodespacho sin necesidad de una autorización previa por parte de la Secretaría de Energía, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos técnicos y de seguridad. Aunque el Gobierno destaca la reducción de trámites como un beneficio para los operadores, esta flexibilización podría dar lugar a la falta de un control riguroso sobre la seguridad y el cumplimiento de las normas en un sector que, por su naturaleza, implica riesgos considerables.
El autodespacho será opcional para las estaciones de servicio, que podrán elegir entre diferentes modalidades de implementación: una total, donde solo el cliente será responsable de cargar el combustible; una simultánea, con áreas diferenciadas para el autodespacho y el servicio tradicional; y una alternada, que variará entre ambos sistemas según la franja horaria. Aunque esta flexibilidad suena atractiva en principio, la falta de supervisión directa podría generar inconsistencias en los controles de calidad y seguridad.
Impacto en el empleo y la seguridad
Uno de los mayores temores que despierta esta medida es el impacto que tendrá sobre el empleo en las estaciones de servicio. El proceso de autodespacho elimina la necesidad de que los trabajadores realicen las tareas de carga de combustible, lo que podría llevar a una reducción en la cantidad de puestos de trabajo, especialmente en un sector que ya atraviesa dificultades económicas.
Si bien se argumenta que la medida podría contribuir a la eficiencia del servicio, lo cierto es que el riesgo de desempleo en un contexto de alta informalidad laboral es un factor a tener muy en cuenta.
En cuanto a la seguridad, las condiciones impuestas por la resolución incluyen la instalación de dispositivos de corte de emergencia y un sistema que permita a los operadores supervisar y detener el proceso de carga en caso de ser necesario. Sin embargo, estas medidas podrían ser suficientes para prevenir accidentes o situaciones de violencia.
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