La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. También aumenta penalidades al robo de cables.
En una jornada legislativa marcada por el boicot generalizado del peronismo en la Cámara de Diputados, el oficialismo alcanzó los consensos para avanzar en un nuevo proyecto de reforma penal: el agravamiento para delitos de robo de autos, motos y cables para su posterior venta como autopartes o insumos.
El dictamen alcanzado en la Comisión de Legislación Penal apunta a la modificación de los artículos 166 y 277 del Código Penal. Obtuvo los respaldos de los bloques del PRO, La Libertad Avanza, Encuentro Federal, Liga del Interior, Coalición Cívica e Innovación Federal.
El proyecto aumenta el tiempo de las penas de las múltiples modalidades de robo de autos y motos, con énfasis en la premeditación: detalle agravantes por el uso de inhibidores, llaves clonadas u otros vehículos para facilitar la fuga. Además, se establecerá como una falta de gravedad la circulación con motocicletas sin la documentación que acredite su posesión legal.
Por otra parte, la iniciativa también incluye mayores penalidades al robo de cables, caños y metales, con agravantes si se afectan servicios públicos, como la luz o el agua. En simultáneo, se considerará encubrimiento agravado para los mercados clandestinos de compraventa de celulares, cobre o repuestos que provengan de un robo.
Debate en la Comisión de Legislación Penal
El encuentro se extendió durante veinte minutos y quedó marcada por la ausencia del bloque de Unión por la Patria, que dio quorum y se retiró del espacio. En representación del peronismo, y antes de que se levanten los legisladores, el rionegrino Martín Soria analizó que «nos parece que están tratando proyectos de marketing punitivista, meramente electoral, y lo único que hacen es aumentar los mínimos de las penas como si eso fuera a resolver los problemas que tienen los argentinos».
Al respecto, la titular de la Comisión de Legislación Penal, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) dijo que «no se va a paralizar su trabajo por causa de ningún fallo judicial. El Congreso debe seguir funcionando con responsabilidad institucional”. «No vamos a dejar de legislar para los argentinos por decisiones judiciales que debemos respetar. Nuestra obligación es con la sociedad y con la ley”, añadió.
A su turno, uno de los autores de la iniciativa, el cordobés Juan Brugge (Encuentro Federal), explicó que la reforma apunta a que «cuando son mínimos de penas tan bajos, la realidad ha demostrado que ni siquiera se hace la investigación judicial correspondiente«. A su vez, la cordobesa Cecilia Ibáñez (MID) apuntó que en su provincia hubo «5338 denuncias» de robos por parte de motociclistas: «Si piensan que esto no es suficiente, no notan la diferencia de que la Argentina cambió, el delito cambió y la peligrosidad cambió».
