El gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia luego de que una investigación periodística revelara «supuestas maniobras de espionaje ilegal por parte de funcionarios y/o personal de la SIDE contra mi persona».
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este miércoles una denuncia penal ante la Justicia Federal luego de que una investigación periodística revelara un presunto espionaje contra su persona.
Con el patrocinio letrado del abogado Guillermo Acuña Anzorena el mandatario provincial pidió investigar «supuestas maniobras de espionaje ilegal por parte de funcionarios y/o personal de la SIDE», que a su parecer encuadrarían en «delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse».
«Recientemente he tomado conocimiento, a través de notas periodísticas, que se habrían detectado supuestas maniobras de espionaje ilegal por parte de funcionarios y/o personal de la SIDE contra mi persona, entro otros», indica el escrito y aclara que se trataría de » reportes confidenciales sobre políticos y funcionarios opositores».
«No conozco más detalles de lo sucedido. Pero el contenido de esa noticia y la gravedad de lo presuntamente ocurrido me imponen formular este denuncia para que se investigue, con urgencia, lo realmente sucedido, sus alcances y quién/es fue/ron sus autores».
Las dos CTA también presentaron una denuncia penal por espionaje ilegal
Los secretarios generales de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma), Hugo «Cachorro» Godoy, también presentaron una denuncia penal contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, y contra el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales.
La denuncia fue radicada ante la justicia federal tras una investigación periodística en la que se revelan informes secretos elaborados por la SIDE que monitoreaban actividades políticas y sindicales completamente lícitas, como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales.
Los informes, que detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional, y estarían orientados exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras, en un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política, informaron desde las entidades sindicales.
La presentación solicita que se investigue si los informes fueron realizados bajo orden judicial, y en su defecto, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el Presidente, en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.
