El Ministerio de Economía publicó el ajuste de las partidas presupuestarias y ajustó $100.000 millones de un «fondo especial de asistencia para emergencias».
El anuncio del proyecto de Presupuesto 2026 es esperado por todos los sectores de la política porque, esencialmente, devolverá la previsibilidad a los financiamientos. La expectativa se intensifica luego del ajuste que publicó en la última semana el Ministerio de Economía que, según informaron a Ámbito, se trata de “reasignaciones de partidas con una baja en el gasto primario consistente con nuestra política fiscal”.
A través de la decisión administrativa 23/25 publicada en el Boletín Oficial el jueves, se estableció un aumento de partidas por $261.613 millones en simultáneo a una reducción de $493.531 millones. Una de las líneas afectadas por el ajuste es un «fondo especial de asistencia para emergencias», que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y fue creado luego del temporal que sufrió Bahía Blanca en marzo de este año.
Al anunciarse la creación del fondo, en marzo de este año y a través del decreto 238/25, el Gobierno nacional estipuló una suma de hasta $200.000 millones «destinado a otorgar subsidios para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones». Sin embargo, con su última medida de esta semana le quitó a ese monto un total de $100.000 millones.
Esta decisión acompaña la medida que tomó Javier Milei de vetar, en junio de este año, el proyecto de declaración de emergencia para Bahía Blanca y localidades cercanas. Precisamente, la justificación del veto fue la creación de este «fondo especial de asistencia para emergencias» que ahora sufre un recorte. La ley que había sido aprobada por el Congreso definía líneas de financiamiento también por al menos $200.000 millones para destinarse en atención a damnificados e infraestructura. Tras el veto presidencial, no se volvió a tratar en el ámbito legislativo.
Educación, una de las áreas más afectadas por el recorte
Dentro del decreto publicado en el Boletín Oficial, se expresa que una de las áreas que mayor ajuste sufrió fue la de Educación, donde se prevé un recorte de $120.000 millones. La operación, que contempla la reducción de becas para estudiantes, infraestructura y para desarrollo de la educación superior, se conoce luego de que el presidente Javier Milei vetara una ley que establece un incremento de gasto para las universidades.
Tras la operación, el superávit presupuestario pasó de $5,9 billones a $6,6 billones, que equivale al 5% de los recursos totales estimados, señala en un informe la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP). De acuerdo con el reporte, con esta operación el Gobierno incrementó el gasto en 76 programas por un total de $459.673 millones, y redujo recursos en 111 programas por un total de $953.024 millones.
Es de recordar que el Poder Ejecutivo se está manejando con el presupuesto del 2023 prorrogado en 2024 y nuevamente prorrogado en 2025. Actualmente presenta un gasto presupuestado por casi $126 billones y recursos por $131,8 billones. Mientras que el nivel de ejecución del gasto es del 62% al 9 de septiembre, los ingresos están al 71% de lo previsto para todo el ejercicio. De allí que no se descarta que hacia fin de año se tengan que actualizar las partidas.
Según ASAP, los Gastos Corrientes disminuyen en $270.854 millones y los Gastos de Capital en $222.677 millones, que se discriminan de la siguiente manera:
– Gastos Corrientes: las transferencias disminuyen $327.563 millones y el Gasto en Personal en $67.523 millones, mientras que los Servicios No Personales aumentan en $56.236 millones, los Bienes de Consumo en $46.487 millones y los Servicios de la Deuda en $21.509 millones.
– Gastos de Capital: las Transferencias disminuyen en $305.193 millones mientras que los Bienes de Uso aumentan en $57.072 millones, los Servicios No Personales en $17.345 millones, los Bienes de Consumo en $7.464 millones e Incremento de Activos Financieros en $635 millones.
