El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, presentó en el Concejo Deliberante las ordenanzas Fiscal e Impositiva, para cobrar una «tasa solidaria». Sin embargo, el anuncio generó revuelo entre el empresariado, las entidades gremiales y los representantes políticos de la ciudad del sur bonaerense.
El conflicto se desató cuando el intendente consiguió despacho en las comisiones de Legales y Hacienda del Concejo Deliberante -tras lograr un acuerdo con el radicalismo local- de las iniciativas, que fueron presentadas el 7 de noviembre pasado en el Palacio Municipal.
Allí, ante un reducido grupo de periodistas, anunció medidas criticadas por las empresas instaladas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca: suba del ABL en un 90% en promedio, aumento de la alícuota sobre la facturación (que pasaría del 0,8% al 2,0%), incremento del 75% en el resto de las tasas municipales (con una inflación que no supera el 30%) y la creación de una nueva “tasa solidaria”.
Según el intendente, el motivo detrás de este nuevo impuesto está vinculado a que “la ciudad no tiene acceso a financiamiento internacional” y que “no hay un compromiso del Gobierno nacional” para realizar las obras hidráulicas necesarias para evitar nuevas inundaciones.
Las críticas de los empresarios de Bahía Blanca
El anuncio no cayó bien en el empresariado del polo petroquímico. Se calcula que, con estas novedades, la presión impositiva en sumatoria trepará a más de 3% de lo facturado.
Esto se suma a que el año pasado los empresarios debieron aportar fondos para la recuperación del temporal de viento de diciembre de 2023. “El intendente nos compró anticipadamente seis meses de sueldo, y ahora nos desayunamos esta tasa solidaria”, se quejó un empresario tras el anuncio.
Un CEO del Polo Petroquímico deslizó la posibilidad de llevar el tema a la Justicia y evalúan dejar de facturar en Bahía Blanca: “Son medidas que atentan contra la inversión. Nos cuesta mucho seguir en estas condiciones. Estamos pensando en judicializar estas medidas que van en contra del desarrollo de nuestra ciudad y facturar en nuestras oficinas de otras localidades, donde no tengamos tantas tasas municipales”.
El malestar del empresariado en general se debe a que estas medidas son anunciadas mientras el municipio no presenta ningún ajuste del gasto público: por el contrario, el Presupuesto 2026 prevé un incremento del 31%.
Sectores de la oposición, que se impuso por 54% a 26% en las últimas elecciones legislativas nacionales, calificaron la imposición de la tasa solidaria como “un anti RIGI” y acusaron al intendente de “querer cambiar las reglas y generar sobrecostos cuando ya se hizo la inversión”. En ese sentido, el concejal bahiense Adrián Jouglard tuiteó: “La clave que el intendente Susbielles omitió es que la nueva Ordenanza Fiscal representa una fuerte subida de la presión fiscal para todos los contribuyentes de Bahía Blanca”.
Y agregó: “La transformación de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación es fundamental y arbitraria: deja de calcularse según los servicios prestados y pasa a depender del valor del terreno, la construcción y la ubicación. Este cambio convierte una tasa en un verdadero impuesto, generando una profunda inequidad entre lo que se paga y los servicios que realmente se reciben. A la suba de la ALC se suma un incremento real del 75% en las tasas que se calculan por módulos y una reducción de beneficios y exenciones”
En esa misma línea, miembros de la oposición sumaron: “Después no nos podemos quejar cuando grandes inversiones, como la planta de GNL, terminan en otros lugares”.
“No podemos subirnos a un debate de una agenda que atrasa 30 años. La inexistencia de la solidaridad tributaria y la utilización de ese eufemismo para disfrazar aumentos de tasas encubiertos se debatió en 1995 con la tasa solidaria de salud. No se puede volver a insistir con estas cosas sin sentido”, agregó otro referente de la oposición local.
En ese sentido, agregó que “es inconstitucional aumentar una tasa destinada a un fin específico, como seguridad e higiene, para aplicarla a otro, como obras públicas”. De esta manera, Jouglard concluyó: “El proyecto ingresó al Concejo y se cerró a debate en menos de 48 horas, bajo la premisa de ‘aceptar todo o nada’, sin explicaciones y en un marco de total hermetismo. Es una medida inaceptable que encarece directamente la vida de todos los bahienses en un momento especialmente difícil”.
