«El total de bienes declarados alcanzó los u$s32.151 millones, de los cuales u$s22.165 millones corresponden a dinero en efectivo depositado en cuentas bancarias especiales (CERA) o cuentas comitentes especiales de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC)», informó ARCA.
El comunicado oficial detalla que «los restantes u$s9.986 millones exteriorizados hasta la fecha corresponden a otros bienes, como inmuebles, vehículos o participaciones societarias».
En términos de dinero en efectivo, el plan de exteriorización de Javier Milei resultó mucho más exitoso que el que había lanzado Mauricio Macri en 2016. En aquel momento se declararon algo mas u$s100.000 miillones, pero en dinero en efectivo fueron unos u$s7.000 millones. Es decir que la mayoría de los bienes de argentinos estarían ya blanqueados desde ese momento.
No obstante, si se compara la cantidad de dólares blanqueados contra el estimado que habría en el mercado argentino, en el que coinciden tantos fuentes oficiales como privadas, el blanqueo alcanzó a solo un 10%. Habría unos u$s200.000 millones circulando fuera del sistema bancario.
La moratoria logró recuperar unos $2,37 billones
Por otro lado, la información de ARCA indica que «la moratoria permitió regularizar obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024, así como las infracciones cometidas hasta esa fecha, relacionadas o no con dichas obligaciones».
Se suscribieron aproximadamente 341.000 planes de pago por un monto total de $2,37 billones. De ese total, se cancelaron $290.000 millones mediante pagos al contado, mientras que ingresaron otros $2,08 billones a través de planes de facilidades de pago.
«Cabe destacar que el régimen incluyó distintas etapas con beneficios de condonación de intereses resarcitorios y punitorios, que variaron según la forma de pago elegida y la fecha de adhesión. En total, se condonaron más de $879.000 millones», dice la información oficial.
Cabe recordar que el 31 de diciembre vence el plazo de gracia de ARCA en el cual se abstiene de iniciar juicios y embargos a contribuyentes.
