La CAC advierte que sujetar las sanciones al dólar representa una injusticia porque «no puede extrapolarse directamente a la situación económica y financiera de los contribuyentes».
De todos los proyectos presentados para las sesiones extraordinarias, la reforma laboral es la que más controversias provocó en distintos sectores. En ese marco, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) presentó su posición acerca del apartado tributario que está incluida en la propuesta de ley de trabajo.
A través de un documento, manifestaron «su preocupación por ciertos aspectos del proyecto de ley ‘Reformas al Procedimiento Tributario y Régimen Penal Tributario’” y pidieron que «la actualización de los montos de las multas concilie el rol punitorio con la viabilidad de la actividad de las empresas».
«La CAC reconoce la necesidad de actualizar los montos de las multas, pero considera que resultan excesivos los valores propuestos en este proyecto para la Ley N° 11.683 y que pueden llevar a numerosas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a sufrir importantes quebrantos», señala el organismo.
La Cámara comercial apunta al criterio de actualización de las multas: «Si bien se puede interpretar del proyecto que los valores de las multas se han actualizado conforme la variación de la cotización del dólar, resulta evidente que dicha evolución no puede extrapolarse directamente a la situación económica y financiera de los contribuyentes; a la par que cabe advertir que representaría un cambio demasiado abrupto luego de años de inacción en la materia por los sucesivos gobiernos».
A pesar de que expresan «su apoyo a la política de reducción de impuestos y simplificación del régimen tributario desarrollado por el Gobierno Nacional», proponen «modificar el sistema de multas planteado por uno escalar, en particular para las infracciones formales, que permita que el monto de las sanciones se adecue al tipo de contribuyente considerando su capacidad económica presunta. Para ello debiera establecerse una escala que sea suficientemente punitiva y disuasiva para cada tipo de contribuyente, pero sin provocar daños desmedidos en su estructura económica y financiera».
Reforma de Régimen Penal Tributario
Formulada por el Ministerio de Economía, el principal componente del cambio de Régimen Penal Tributario -cuyo nombre oficialista es “Ley de Presunción de Inocencia Fiscal”– implica actualizar los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones. La estimación extraoficial sostiene que los argentinos tienen unos u$s243.000 millones fuera del circuito legal, por lo que la medida estimularía a que una parte de esa cifra se blanquee sin tener que dar explicaciones de su origen.
Consejo de mayo
Este proyecto formaría parte del debate del Presupuesto 2026, cuyo contenido aún no se conoce aunque se sabe que iniciará en Diputados y de la pretensión de Casa Rosada de aprobarlo antes del 31 de diciembre. En simultáneo, iniciaría su tratamiento en el Senado la iniciativa de reforma laboral, que tendría un paquete de reducción de cargas contributivas para empleadores de trabajo registrado. En este caso, el objetivo libertario es -al menos- alcanzar una media sanción en la ventana de diciembre, para conseguir la ley en la segunda etapa de extraordinarias, que iniciará en febrero del próximo año.
En la conferencia de prensa de presentación del proyecto, Manuel Adorni prometió además medidas que se materializaron en la reforma laboral, como la reducción de cargas laborales por dos años, exención de IVA al uso de energía eléctrica en el sector agroindustrial, un “régimen de incentivos para medianas inversiones» y baja de impuestos internos a productos “electrónicos, autos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, servicios audiovisuales, cine y alquileres destinados a viviendas». «Se eliminan los impuestos cedulares a renta financiera y enajenación de inmuebles», añadió el jefe de Gabinete.
