La confederación que nuclea a las pymes argentinas cuestionó cinco artículos del proyecto oficialista, que inicia su tratamiento legislativo en febrero.
El Gobierno oficializó el temario del período de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo 2 de febrero y finalizará el 27 de ese mes. El debate principal girará en torno al proyecto de reforma laboral, el anhelo más ambicioso del Gobierno nacional, que negocia con gobernadores provinciales para garantizarse su respaldo. Sin embargo, continúan oyéndose voces disidentes, entre ellas la de la Confederación Argentina de Medianas Empresas (CAME).
La iniciativa, denominada por el oficialismo como «Modernización Laboral«, modifica el esquema de vacaciones de los trabajadores registrados, cambia el sistema de indemnizaciones con la proyección de crear de forma optativa un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y constituye un banco de horas para reemplazar los pagos por horas extras. Además, y lo que más tensiona con la posición de las provincias, se reducen las alícuotas del impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que impactaría en la distribución de la coparticipación.
El proyecto de reforma laboral es el más importante del debate, pero se tratará en conjunto con la modificación a la Ley de Glaciares, el acompañamiento al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la aprobación del pliego de Fernando Iglesias como embajador argentino ante la Unión Europea.
La postura de CAME a la reforma laboral
Si bien la CAME consideró necesario avanzar en una reforma laboral, cuyo proyecto cuenta con 197 artículos, expresó su disidencia en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 considerando que «generarían una incertidumbre muy compleja”, según su presidente Ricardo Diab. «Estos convenios, si bien hay que retocarlo o mejorarlo o actualizarlo, no pueden caer de un día para otro», planteó.
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Entrevistado en radio Rivadavia, sostuvo que “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas” y la reforma de esos artículos “puede traer conflictos legales futuros”.
En ese marco, el artículo 128 de la reforma oficialista propone que «los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo […] tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales».
Los otros cuatro artículos discutidos por CAME (126, 130, 131 Y 132) refiere al fin de la ultraactividad, que implicaría que los convenios no acordados por cada rubro se regirían por la Ley de Contrato de Trabajo aprobada. La ley, a partir de su artículo 132, incluso permitirá suspender convenios cuando «genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general».
