No es la primera vez que a las fuerzas represivas se les asigna la tarea de habilitar o impedir a los trabajadores que accedan a los lugares donde desempeñan sus tareas. Nuestra historia está sembrada de situaciones similares. En dictadura y en gobiernos constitucionales; en empresas privadas, empresas públicas y dependencias estatales.
Lo que viene sucediendo en el predio de Avenida del Libertador al 8100 tiene una “particularidad”: se desarrolla en lo que hoy es espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos y antes fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio ESMA.
Aunque tampoco es el primero donde se ejecutan hechos con esta combinación: en 2018 y 2019, la dupla Macri presidente-María Eugenia Vidal gobernadora aplicó una receta similar sobre un histórico paradigma de la salud pública, donde también funcionó un campo de concentración: el Hospital Posadas. Despidos masivos, personal forzado a convertirse en monotributista, política sostenida con las armas de la Gendarmería y la Policía ocupando los edificios y las rampas de la autopista vecina. El centro clandestino de tortura y exterminio “El Chalet” del Posadas hoy es un espacio de memoria. Durante la dictadura todo el Hospital fue coto de caza de los genocidas. La cacería debutó el 28 de marzo de 1976 con la ocupación masiva por fuerzas del Ejército que apostadas en las entradas y con las listas del personal en sus manos ordenaban detenciones, prohibían o habilitaban su ingreso. “El Ejército argentino avanza” fue la consigna.
No son hechos idénticos, pero el presente activa a la memoria y detecta puntos de contacto… El primero está sucediendo ahora, en un espacio para la memoria. Lo ordena el secretario de Estado designado para implementar políticas de “derechos humanos” en el gobierno de La Libertad Avanza: ocupación policial del espacio, despidos masivos, más precarización laboral. Lo del Hospital Posadas durante el macrismo casi calcado: ocupación de fuerzas de seguridad, despidos, precarización laboral; también en la sede de un espacio de memoria.
No son hechos idénticos, insisto, pero tienen vasos comunicantes. Y parentesco de objetivos. No por azar a las fuerzas represivas –Policía, Gendarmería, Ejército- el gobierno les otorga poder para decidir el quehacer de los trabajadores. “El designio consistía en encerrar a la ciudadanía fuera del espacio público, ‘normalizar la situación’ para sentar las bases de un nuevo patrón de acumulación que… puede graficarse como el paso de una matriz estado céntrica a una mercado céntrica”. Parece un trazado en líneas gruesas del gobierno actual; pero lo dice en 2008 el fiscal en la investigación de los crímenes perpetrados en el Posadas durante la dictadura. Es “necesario situar históricamente los sucesos”, afirmó.
Para “velar por una adecuada reestructuración interna” del Centro Cultural Haroldo Conti el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ordena que sus empleados se queden en la casa. A cientos de trabajadores de dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos que no se acogieron al extorsivo “retiro voluntario” y que no son considerados “imprescindibles”, decide en forma tajante dejarlos fuera. “NO DEBEN PRESENTARSE” (así, en mayúsculas), ordena.
El cinismo es una de las marcas que distinguen a este gobierno. Marcela Godoy, la secretaria de Baños que envió los bandos de despidos emitidos por su jefe, introdujo los whatsapp deseándoles “de todo corazón un año nuevo lleno de buenos augurios y que a pesar de todo puedan rodearse de amor y terminar este año con sus seres queridos”. El “modo Milei-Adorni” es tendencia…
Hay que “situar históricamente los sucesos” decía el fiscal en 2008. Y hay que situarlos políticamente. “Retiros voluntarios”, “reestructuraciones”, “artículo 9”, jubilaciones de los “jubilables” son eufemismos para consumar la demolición de las políticas públicas destinadas a garantizar el real ejercicio y goce de los derechos humanos. De todos los derechos humanos. Si la justicia social es “una aberración”, como vocifera Milei, hay que destruir todos los instrumentos que resulten útiles para concretarla.
Objetivos previstos y planificados en el Ministerio de Justicia. Despedir a “los ACARA” –una de las modalidades de contratación implementadas por el Estado– libera una cantidad de recursos que vale preguntarse: ¿tendrán el mismo destino que todo lo que “ahorra” este gobierno desfinanciando la salud, la educación, la seguridad social, o sea, pagar la deuda externa que fabricó el mago Caputo?, ¿o el ministro Cúneo Libarona les dará otra finalidad? Otro dato para situar políticamente estos acontecimientos: muchas áreas de la Secretaría de Derechos Humanos siguen acéfalas desde el inicio de este gobierno y no para simplificar su estructura sino para paralizarla y vaciarla. Para el proyecto de los Sturzenegger, Milei, Caputo –por nombrar solo a figuras locales– lo que hay que aniquilar es el concepto de humanidad, del ser humano como Ser Humano, con necesidades, aspiraciones, sueños, derechos. Con Derechos. Para “lo libertario” la única verdad es la realidad de las variables económicas que, manejadas por la “inteligencia artificial”, multipliquen las ganancias “del mercado” y cedan nuestros recursos y nuestra soberanía a la dupla colonialista Estados Unidos-Israel, como, esto sin eufemismos, lo manifiesta el Presidente.
El particular ensañamiento con las áreas enfocadas en “Memoria, Verdad, Justicia” tiene su explicación en la lógica de este gobierno. Un gobierno al que “negacionismo” le queda corto, porque explícitamente reivindica a la dictadura, sus crímenes, su “proceso de destrucción nacional”. Que considera héroes a los genocidas. Que hace pie en su proyecto económico y lo lleva más allá, lo perfecciona. Lo supera. Por eso también se empeña en neutralizar y anular este eje movilizador y participativo que durante décadas la lucha popular sintetiza en Memoria-Verdad-Justicia. Un eje movilizador y participativo que, entre otros logros, marca un límite real a la impunidad de los genocidas, militares, funcionarios civiles, empresarios. Que logra que tribunales nacionales e internacionales condenaran efectivamente a quienes desde el aparato del Estado secuestraron, torturaron, desaparecieron, se apoderaron de los hijos e hijas de las víctimas e implantaron el terror sobre toda la población.
¿Cómo nombrar a este gobierno y sus funcionarios? ¿Habrá nuevos términos, o entre los que ya se les aplican alguno lo califica con nitidez? Con estos interrogantes dando vueltas, la palabra “canalla” empezó a rondarme. “Gente baja, ruin”, “Persona que comete o es capaz de cometer acciones viles contra otros. Miserable”, descripciones que les caben, sin dudas, según qué diccionario consulte. Un texto del psicólogo Juan Pablo Mollo habla de canallas y canalladas “de nuestro tiempo”: “…un canalla …siempre encuentra justificaciones para sus actos sin culpa ni responsabilidad alguna, puede ser perfectamente compatible con la normalidad social y política. Resulta frecuente que el canalla se enmascare detrás de una autoridad en la que no cree y desde allí comenzar a ejercer una influencia sobre el otro”.
Pese a ocupar el cargo más alto en el Estado, el presidente dice que aberra del Estado y se propone destruirlo. Su elenco de funcionarios lo secunda, lo celebra. Se benefician del poder que ejercen sobre vidas y bienes del pueblo argentino. Canallas.
