Desde el Gobierno afirmaron que la contratación cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.
El canciller Pablo Quirno afirmó que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en la contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133 para brindar capacitaciones en inglés al personal de la Cancillería, y aseguró que el proceso cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia previstos por la normativa vigente.
En una publicación realizada en la red social X (antes Twitter), Quirno explicó que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 para este tipo de capacitaciones y que, en esta oportunidad, al existir un vínculo familiar entre la Directora Ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “se activó el procedimiento de integridad” establecido en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
“El expediente se tramitó de manera pública y transparente, con la participación de todos los organismos de control correspondientes”, sostuvo el canciller, quien agregó que la documentación se encuentra publicada íntegramente en los sistemas oficiales, lo que permitió verificar su contenido y el cumplimiento de los pasos administrativos.
La contratación, destinada a la formación en inglés del personal diplomático y administrativo, fue realizada mediante una adjudicación simple por especialidad y formalizada a través del sistema COMPR.AR, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25. El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un período igual.
Desde el entorno del ministro Sturzenegger, su vocero señaló que “lo único” que podían aportar era el informe elaborado por la Oficina Anticorrupción, incorporado al expediente, en el cual se concluye que “está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna”.
Las declaraciones oficiales surgieron luego de que la senadora nacional del PJ, Juliana di Tullio, anunciara que presentará una denuncia en Comodoro Py contra Sturzenegger y Rouillet por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato. Sin embargo, desde el Gobierno remarcaron que el procedimiento fue revisado por los organismos de control y se ajustó estrictamente a la normativa vigente, descartando cualquier tipo de conflicto de intereses o anomalía administrativa.
