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Organismos de derechos humanos culpan a la ministra de Seguridad.
Los represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar de Argentina (1976-1983) quedaron envueltos en un nuevo escándalo luego de que 19 de ellos fueran trasladados de una cárcel común a una en la que gozarán de múltiples comodidades.
«Pasan a cumplir su condena en la cárcel VIP de Campo de Mayo», denunció en un comunicado la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), que es uno de los principales referentes de derechos humanos de este país.
También responsabilizó del traslado al director general de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, quien depende de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
❗Astiz y otros 18 genocidas fueron llevados a una cárcel VIP por decisión del Servicio Penitenciario, que depende de Patricia Bullrich Más de la mitad de los beneficiados estuvo en la reunión con LLA en Ezeiza en 2024https://t.co/okbEEn7fdL
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) May 10, 2025
«El argumento del Servicio Penitenciario Federal es ‘liberar plazas y redistribuir al resto de la población penal masculina y generar plazas para mujeres detenidas’. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no es una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas», añadió la organización al insistir en que «el único lugar para un genocida es la cárcel común».
Además, advirtió que los familiares de las miles de personas desaparecidas y los sobrevivientes que forman parte de las querellas en los juicios de lesa humanidad rechazan que los genocidas cumplan su condena en «la cárcel de privilegio» de Campo de Mayo.
Negacionismo
El diario Página 12 reveló que los represores, que hasta la semana pasada estaban en cárceles comunes, ahora podrán disfrutar de canchas de tenis, clases de teatro, talleres deportivos, pistas de caminata y celdas individuales con televisores y refrigeradores en Campo de Mayo, un centro especial ubicado en la provincia de Buenos Aires.
Entre los beneficiados se encuentran Alfredo Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, quienes fueron algunos de los militares que cometieron delitos como secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y robo de bebés, entre otros.
Cuando Javier Milei ganó la presidencia de Argentina, los represores confiaron en que podrían ser liberados, ya que el dirigente político, al igual que su vicepresidenta y los miembros del gabinete, niegan los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y justifican y minimizan la represión.
Como parte de esa estrategia negacionista, el año pasado diputados mileístas visitaron a una docena de represores e incluso se fotografiaron juntos, pero fue tal la ola de repudio que estalló, que se frenó cualquier intento por amnistiarlos.
