En los años más duros de la represión, fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y, como tal, tenía bajo su responsabilidad el área de Seguridad.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes la pena a prisión perpetua contra Jaime Lamont Smart, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura (1976-1983), por el asesinato de Horacio Wenceslao Orué, ocurrido 1978. En total, Smart tiene tiene perpetuas por delitos de lesa humanidad, pero, hasta ahora, ninguna fue confirmada por la Corte Suprema.
En 2024, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetúa a Smart, de 89 años, y al excabo de la policía bonaerense, Juan Humberto Keller. Durante el juicio se dio por probado que Horacio Wenceslao Orué, militante peronista, fue asesinado durante un operativo represivo realizado el 22 de abril de 1978 en una casa de la localidad bonaerense de Rafael Calzada.
Los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, rechazaron los planteos de la defensa de Smart porque afirmaron que los hechos juzgados constituyen crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y su responsabilidad fue comprobada durante el juicio en el que fue condenado.
Smart fue uno de los civiles más influyentes de la última dictadura cívico-militar. En los años más duros de la represión, fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y, como tal, tenía bajo su responsabilidad el área de Seguridad. Desde ese cargo tuvo un rol esencial esencial en la planificación, organización y sostenimiento del aparato represivo ilegal que, según los jueces, posibilitó el crimen de Orué.
Cómo ocurrió el asesinato de Orué
En el operativo, personas vestidas de civil y armadas llegaron en varios vehículos, irrumpieron en la casa de Rafael Calzada, asesinaron a Orué, secuestraron a su tía Marcelina Juani y a sus dos pequeños primos, Marcelo (de 14 años) y Ariel (de 9) Juani.
Luego, los tres fueron fueron llevados primero a la subcomisaría de Rafael Calzada y luego a Comisaría de Berazategui, donde permanecieron privados ilegalmente de su libertad. Durante su detención, estuvieron incomunicadas, con las manos atadas y los ojos vendados, y fueron sometidos a amenazas, malos tratos y torturas.
