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Los familiares de las víctimas han puesto en cuestión el testimonio de un hombre que les prestó un teléfono a los adolescentes para que contactaran a sus parientes.
Los testimonios de dos personas relacionadas con la investigación que sigue la Fiscalía ecuatoriana para determinar las responsabilidades en el asesinato de cuatro menores en la provincia de Guayaquil, por el que ya han sido apresados 16 militares bajo cargos de desaparición forzada, apuntan hacia la participación de grupos de delincuencia organizada, recoge Primicias, que cita fuentes protegidas vinculadas al caso.
El primero de los testigos es un hombre identificado como Luis. T, que a eso de las 22:40 de la noche del pasado 8 de diciembre le prestó el teléfono a los menores para que se comunicaran con sus familiares, tras presuntamente haber sido liberados por los funcionarios castrenses en el cantón de Taura, a unos 45 kilómetros del punto donde habían sido retenidos.
Según relatara Luis Arroyo, el padre de los menores Ismael y Josué Arroyo Bustos, el primero de ellos, de 15 años, le pidió a su padre que los rescatara a «todos». Además de su hermano –un año menor–, con él se encontraban los adolescentes Steven Medina (11 años) y Nehemías Arboleda (15 años).
De acuerdo con el progenitor, el hombre que les prestó el aparato cortó la comunicación cuando tenían unos cinco minutos conversando y le advirtió que tendría como máximo una hora para apersonarse en el lugar –cuya localización le envió a través de WhatsApp– antes de que «la mafia» se llevara a los adolescentes. Según dijo, había motos dando vueltas por el sector.
Estimaciones realizadas por Primicias, a partir del servicio de geolocalización de Google, revelaron que la distancia que separaba a Luis Arroyo de los menores requeriría al menos una hora y 10 minutos de recorrido en vehículo.
Esto, más el hecho de que en una segunda llamada se refiriera a los adolescentes de manera soez y despectiva, hicieron dudar a los familiares de las víctimas del interés real de este supuesto benefactor, quien sostuvo ante las autoridades que su intención había sido ayudarlos, tras escucharlos merodear por los alrededores de su vivienda y encontrarlos desnudos.
Pese a las reservas, el testimonio de esta persona ha sido considerado relevante por la Fiscalía, ya que permitió localizar a otros testigos que aportaron pistas concretas para encontrar los cuerpos calcinados de los menores el pasado 24 de diciembre, dijo al medio uno de los investigadores a cargo del caso.
La sombra de «la mafia»
Otro testigo, identificado como Luigi V., relató a las autoridades que el día de la desaparición estaba departiendo en un bar del sector junto con miembros de un grupo delictivo –al que asegura no pertenecer– cuando vio que al sitio arribaron unos hombres en moto, entre ellos uno conocido como Ofelio.
«A los cuatro pelados que estaban allí se los llevaron en un bote, para abajo, en un manglar», aseguró. Según su testimonio, el 9 de diciembre, alias ‘Momo’ dio la orden para que quemaran los cuerpos. En el crimen también habrían participado alias ‘Ñato’, alias ‘Ruco’ y un hombre llamado Danny, quien fungió como conductor de la lancha.
«Después, al día siguiente, me enteré de que los iban a quemar o ya estaban quemados y que los iban a meter en un saco de yute», completó.
En su decir, no alcanzó a darse cuenta de si los menores tenían lesiones o golpes porque no había suficiente luz, aunque afirmó que «eran flaquitos», «el más alto parecía tener 15 años» y todos estaban vestidos.
El informe de Luigi V. fue decisivo para la localización de los cuerpos calcinados y ha sido esgrimido, por parte de la defensa de los militares detenidos por desaparición forzada, para descartar su participación en el asesinato de los adolescentes.
De momento, para la Fiscalía, lo aportado por estos testigos, si bien debe ser sometido a corroboración, tiene «peso jurídico, correlación y cierto nivel de credibilidad», dijo a Primicias una fuente reservada.
