Se trata del asesinato de una joven en Mendoza por parte de quien era su pareja. Precisamente en la causa se dio la discusión en torno a si había, efectivamente, mediado violencia de género. La definición promete ser dividida: el máximo tribunal, hoy a cargo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, convocó a conjueces para resolver la cuestión. Por sorteo los llamados a resolver fueron los jueces federales Rocío Alcalá, de Resistencia, y Gustavo Castiñeira, de Mendoza, el lugar donde se produjo el crimen.
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El caso que conmocionó Mendoza
Julieta González tenía 21 años en el Día de la Primavera de 2016 cuando desapareció. La encontraron al día siguiente, mientras la policía buscaba el rastro de otra mujer, que también faltaba de su casa. A Julieta le encontraron al día siguiente. Su cadáver estaba atado de pies y manos en medio de la montaña mendocina, en la localidad de Cacheuta, en el departamento de Luján de Cuyo, a pocos metros del penal de máxima seguridad de Almafuerte.
Para esa altura, la familia ya tenía un sospechoso. Había difundido por redes sociales la imagen de un hombre al que la joven había presentado días atrás como su novio. Era Andrés Di Césare (26), hijo de un reconocido empresario del transporte de la provincia. No era un desconocido para la familia de Julieta.
Según contó su madre, Julieta y Andrés se conocían desde chicos, del barrio. “Después de tantos años, cuando se reencontraron, mi hija vino un día, se río y me dijo ‘mamá, a qué no te imaginás con quien me crucé, estuvimos hablando y me invitó a salir: con el Andresito’. Los dos estaban de novios con otras personas, pero se veían con frecuencia. Me decía que se encontraba con amigas y se iba con él, así fue durante más de un mes. Fueron a cenar al Hotel Hyatt, al Casino, a comer comida peruana, venía y charlábamos. Hasta me contó que él le recordó cuando de chicos jugaron a la botellita y se dieron el primer beso», recordaría después,
Apenas desapareció Julieta, la familia llamó a Di Césare, pero el joven dijo que no sabía nada. La Justicia encontró pruebas de lo contrario. Se cree que la mató cuando se enteró que ella estaba embarazada.
Di Césare declaró en la causa recién en enero de 2018 y aseguró que era inocente. Admitió, sin embargo, que ese día se había peleado con Julieta, que ella lo arañó y que él respondió pegándole en el rostro; que la había llevó algunas cuadras en su vehículo, pero afirmó que la joven se bajó y que no la vio más.
Para esa altura, las pruebas lo comprometían directamente en el crimen: había restos de piel de Di Césare debajo de las uñas de Julieta y sangre de la joven en el vehículo. El día de la desaparición las antenas de sus celulares coincidieron a la misma hora en un mismo lugar. Al analizar el celular del joven, se encontraron con que, antes del crimen, el acusado había googleado si se podía realizar una prueba de ADN sobre el feto de un cadáver y cómo deshacerse de un cuerpo.
La hipótesis del femicidio
Según esa hipótesis, la víctima le había contado a Di Césare que esperaba un hijo suyo, él se enfureció y la mató a golpes. Di Cesare fue a juicio y terminó condenado en septiembre de 2019.
Fue sentenciado a 18 años de cárcel por homicidio simple. El tribunal no hizo lugar al agravante de violencia de género que había solicitado la Fiscalía. Los jueces Mauricio Juan, María Alejandra Ratto y Jorge Coussirat del tribunal oral evaluaron que no había indicios suficientes para considerar un vínculo de pareja. El resultado sonó para el Movimiento #NiUnaMenos y otras organizaciones feministas que rápidamente se movilizaron de forma multitudinaria, que esperaban una sentencia por femicidio.
A principios de 2021 y tras una revisión de la Sala Segunda, la Corte de Mendoza consideró que el homicidio se dio en un contexto de violencia de género, lo que cambió la calificación a femicidio y le agravó la pena a prisión perpetua. Tras un recurso de la defensa en el marco del llamado recurso de casación horizontal, otros integrantes del máximo tribunal provincial confirmaron a fines de abril del 2022 la decisión.
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“La multiplicidad de lesiones y el modo en que fue agredido el cuerpo de la víctima son indicadores de una voluntad disciplinadora, de una toma de control por parte del agresor ante la resistencia de la víctima a ser sometida –se afirmó-. Resulta innegable que existió una discusión –aun cuando se ignore el contenido preciso de la misma– y que Di Césare empleó todos los medios que tuvo a su disposición –mayor contextura física para asfixiar hasta la muerte y golpear, inclusive, con las piedras del lugar– para imponerse ante la endeble defensa de Julieta González. Estas circunstancias evidencian una clara asimetría de poder, propia de la violencia de género”.
La defensa llegó con su recurso a la Corte Suprema de Justicia que comenzó a analizar el tema. El caso está en pleno debate entre los ministros que integran el máximo tribunal. Y si bien no se puede conocer por qué postura se inclina cada uno –un fallo no es un fallo hasta que no esté firmado-, la definición promete una sentencia dividida entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Es porque en los últimos días el máximo tribunal decidió por sorteo convocar a dos conjueces de la lista de presidentes de Cámaras Federales para que diriman la cuestión. Los elegidos por el sorteo fueron Rocío Alcalá, de Resistencia; y y Gustavo Castiñeira, de Mendoza, quienes ya fueron notificados.
