Antes de que se tratara el proyecto de ley Ficha Limpia, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, propuso sobre tablas la interpelación de dos figuras clave y blindadas por el gobierno: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. Lo que busca UxP es que den explicaciones sobre sus responsabilidad en el criptoescándalo $LIBRA. “Es necesaria la presencia de la secretaria del Poder Ejecutivo en el recinto. Yo sé que ella tiene terror, porque es la presidenta de un partido que no habla. No sé si tiene dificultades, pero le cuesta expresarse”, ironizó Mayans. La moción necesitaba dos tercios para ser aprobada, esto es 48 votos positivos. El resultado fue 36 apoyos contra 33 rechazos.
Los apoyos de Martín Lousteau, que votó desmarcado del resto del radicalismo y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano no alcanzaron. Además, la estrategia se vio debilitada por la ausencia de al menos tres senadores de UxP, cuyos vuelos sufrieron demoras.
“Los que piden Ficha Limpia por la República y coso votaron en contra de que vengan Caputo y Karina Milei a dar explicaciones al Congreso sobre la estafa $LIBRA”, cuestionó con dureza la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP Mendoza).
Karina Milei es señalada como la persona que habría facilitado el acceso de empresarios vinculados al proyecto, como Mauricio Novelli y Hayden Davis, al entorno presidencial. Además, fue denunciada penalmente por presunto cohecho y tráfico de influencias, acusada de coordinar reuniones entre el Presidente y los impulsores de la estafa.
Caputo, por su parte, eludió días atrás una convocatoria previa a la Cámara de Diputados, incumpliendo el artículo 71 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de los ministros de asistir cuando son citados por el Congreso.
El bloque peronista también reclamó la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, por el caso de Brisa Páez —la joven que quedó en coma inducido tras un ejercicio represivo de la Armada— y denunció que el funcionario “entrena ilegalmente a las Fuerzas Armadas como fuerza de choque» dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti. El caso de Petri como los dos anteriores, también fue rechazado.
