La Sala I de la Cámara Federal Porteña, con un voto (fanático) de Mariano Llorens y otro voto (más medido) de Martín Irúrzun, le dio vía libre al juicio en ausencia de siete iraníes y tres libaneses como autores del atentado contra la AMIA. La decisión habilita al actual juez de la causa, Daniel Rafecas, a analizar la acusación del fiscal Sebastián Basso, que deberá formular los pedidos de procesamientos. Habrá respuesta del defensor oficial y, luego, el juez decidirá si procesa o no procesa. Lo más probable es que en 2026 el magistrado eleve el expediente para que se haga el juicio, sin los acusados presentes. En ese momento, el año próximo, se sorteará un tribunal oral. La DAIA y una de las agrupaciones de familiares insisten en que el proceso puede develar las claves del atentado, pero las tres agrupaciones mayoritarias de familiares y amigos de las víctimas sostienen que es un proceso sin pruebas y sólo destinado a darle un cierre al caso de la muerte de las 85 víctimas. No faltan quienes consideran que, además, el único objetivo es una condena geopolítica (también sin pruebas) de Irán como parte de la alianza que las dos fuerzas que tienen influencia en Comodoro Py –el macrismo y el partido libertario– mantienen con Estados Unidos e Israel.
El rotundo fracaso de la investigación es la principal base por la cual los familiares cuestionan el juicio en ausencia. Hoy por hoy, no hay ninguna prueba en el expediente que permita sostener con solidez de dónde salieron los explosivos, quién compró la camioneta en la que se montó la carga mortal, quién fue el conductor suicida que incrustó el vehículo en el edificio de la AMIA y cuál fue la trama de jefes y cómplices del operativo terrorista. Por lo tanto, menos aún se sabe quiénes fueron los autores intelectuales. Lo que existen son informes de inteligencia, principalmente de la CIA norteamericana, el Mossad israelí y, en pequeña proporción, de la SIDE argentina. Las versiones y datos de inteligencia están muy bien resumidas por el abogado Alejandro Rúa, extitular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, en su libro 30 Días. El letrado piensa que, efectivamente, la clave estuvo en un grupo de libaneses, pero no tiene definición sobre si hubo una mano de Irán, de Siria o se trató de la obra de un puñado de fanáticos.
Los acusados
La resolución de la Cámara dispone entonces que se avance contra Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, cuatro altísimos funcionarios iraníes a los que se acusa de haber participado de una reunión en la ciudad de Mashhad, en noviembre de 1993, donde supuestamente se decidió el atentado, que luego habría sido ejecutado por la organización libanesa pro-irani, Hezbollah. Sobre esa cumbre en Mashhad no hay ninguna evidencia cierta, salvo un par de declaraciones de opositores al régimen de los ayatolas, que no estaban en Irán en esa época, sino que se habían ido del país. El quinto iraní acusado es Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina en el momento del atentado, que fue detenido en Londres, en 2004, y cuando se enviaron las pruebas, el juez británico sostuvo que no había evidencias en su contra. Finalmente, hay un secretario de la embajada, Ahmad Reza Asghari, contra quien tampoco hay prueba que lo vincule. El séptimo iraní es, para la fiscalía, el hombre de mayor relevancia: el exagregado cultural Mohsen Rabbani, vinculado a un puñado de libaneses que –siempre según la acusación– habrían sido la mano de obra del ataque.
Los tres libaneses a lo que se quiere mandar a juicio son el supuesto cerebro del ataque, cuyo nombre no está del todo precisado, Salman Rauf Salman o Salman El Reda; su hermano Abdallah Salman y un empresario libanés-paraguayo, Hussein Mounir Mouzannar, contra el cual la evidencia es que le firmó un certificado de trabajo a Salman Rauf para que consiga pasaporte paraguayo. Hasta el momento, ni siquiera hay un elemento mínimo que lo vincule con Hezbollah, que además es un partido legal en El Líbano.
Polémica por el juicio en ausencia
La oposición al juicio en ausencia fue encabezada por el defensor oficial Hernán Silva, designado para representar a iraníes y libaneses; Laura Ginsberg, en nombre de Apemia;y Diana Malamud y Adriana Reisfeld por Memoria Activa. Del otro lado, impulsaron el juicio en ausencia, la DAIA, con su presidente Mauro Berenstein, y una agrupación de familiares, muy ligada a la dirigencia de DAIA, integrada por Mario Averbuch y Luis Czyzewski.
Los camaristas Llorens e Irurzun le dieron la razón al juez Rafecas quien puso en marcha el juicio en ausencia. Sostuvieron que la nueva ley votada en el Congreso en marzo permite que se instrumente el proceso, aunque no estén presentes los acusados, porque se trata de casos excepcionales, de lesa humanidad, y que no se puede favorecer a quienes vienen eludiendo la justicia desde hace 31 años. También citan que hay un derecho a la verdad de los familiares de las víctimas.
En la Argentina, ni los represores de la dictadura fueron juzgados en ausencia porque primó la tradición de que no existe un verdadero derecho a la defensa sin el acusado presente. Es el acusado el que sabe dónde estuvo en cada momento, qué pruebas hay de su inocencia y cualquier otro elemento. Llorens e Irurzun afirman que son esos acusados los que están en estado de rebeldía, pero en el fallo se ordena que Rafecas, en el momento de formular la acusación, tiene que “notificarlos por Interpol, por vía diplomática, publicando edictos, haciendo comunicaciones oficiales y cualquier otra herramienta institucional” que permita que los imputados sepan que se los va a juzgar. Señalan que debe quedar en claro que esquivan intencionalmente el juicio. Es evidente que buena parte de los acusados iraníes saben que están imputados, pero respecto de Salman Raouf, por ejemplo, ni siquiera se sabe si está vivo.
En varios de los párrafos, el juez Llorens se despacha con posturas alineadas con el macrismo y el mileismo, sin mediación. En la página 4, por ejemplo, da por probado que “logró determinarse que la decisión de atacar la sede central de la AMIA fue adoptada por las máximas autoridades de Irán”, cuando justamente será uno de los temas de debate en el juicio. Y en el punto XV se lanza a una crítica tacita contra Néstor y Cristina Kirchner (sin nombrarlos) porque estuvieron de acuerdo con los familiares de Memoria Activa en reconocer la responsabilidad del estado argentino en la falta de prevención del atentado y en el posterior fracaso de la investigación, “antes que preocuparse por alcanzar el juzgamiento de los responsables del hecho”.
De ahora en adelante
Todo indica que el defensor oficial, Hernán Silva, y las agrupaciones de familiares y amigos de las víctimas presentarán un recurso ante la Casación y terminarán llegando a la Corte. Pero, en principio, eso no interrumpirá el proceso y el juez Rafecas seguirá adelante.
El fiscal Basso tiene que formular los pedidos de procesamientos, que serán respondidos por la defensa oficial. También dirán lo suyo las querellas de familiares y la DAIA. Como resultado, Rafecas dictará los procesamientos que crea que corresponden. Ese proceso puede durar meses y extenderse hasta mediados de 2026. Si en ese momento ya la Casación confirmó el juicio en ausencia, se elevará la causa a juicio y se sorteará un tribunal.
Más allá de los procedimientos, la cuestión de fondo es la dramática orfandad de pruebas. No es un genocida respecto del cual hay decenas de testigos y documentación. Del atentado se desconoce hasta lo más elemental. Son sólo informes de inteligencia sospechados de intencionalidad geopolítica. Esa es la base de la desconfianza de los familiares. Presumen que se le quiere dar un cierre armado al asesinato de las 85 víctimas.
