Es en el marco de la causa por irregularidades en los planes sociales, junto a otros integrantes de la agrupación. Los jueces señalaron que hubo «privilegio para aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad.»
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó hoy el procesamiento del referente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni por «administración fraudulenta» en la causa por irregularidades en los planes sociales. La decisión fue de la Sala 1 del Tribunal de Apelación, luego de que Belliboni y otros integrantes del espacio fueran citados a indagatoria por la «Causa comedores».
La Cámara federal agravó la acusación al imputarle a Belliboni delitos por «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión«.
Confirmado el procesamiento para Eduardo Belliboni
La Cámara Federal porteña confirmó este jueves los procesamientos de Eduardo Belliboni y otros miembros del Polo Obrero, quienes están siendo investigados por administración fraudulenta a raíz del dinero entregado por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo
La decisión fue comunicada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes entienden que los implicados utilizaron su posición de privilegio para aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad. Para los magistrados hubo amenazas coactivas y extorsión sobre personas para que asistieran a movilizaciones convocadas por la agrupación.
La Causa Potenciar Trabajo: el procesamiento a Eduardo Belliboni
El juez federal Sebastián Casanello procesó este año a Belliboni «por administración infiel en relación al Plan Potenciar», tras afirmar que hay pruebas suficientes para asegurar que desvió fondos recibidos del programa Potenciar Trabajo. Por otro lado, el ex secretario de economía Social Emilio Pérsico -del Ministerio de Desarrollo Social- estuvo acusado de ser cómplice de Belliboni para desviar fondos millonarios destinados a la ayuda social.
La fiscalía afirmó que hubo «una matriz de corrupción» que operó desde principios de 2020 hasta finales 2023 por lo que se pidió la indagatoria de exfuncionarios de la exsecretaria a cargo de la asignación y el control de los fondos destinados a la asistencia social.
