La decisión del juez Sebastián Casanello incluyó embargos millonarios y alcanzó a firmas del sector por no prevenir delitos en el esquema investigado.
El escenario judicial que rodea al expresidente Alberto Fernández sumó este martes un capítulo determinante, luego de que el juez federal Sebastián Casanello dictara el procesamiento de varias compañías aseguradoras y de un excolaborador estrecho del exmandatario, en el marco de la investigación por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública vinculadas al sistema de seguros del Estado.
En su resolución, el magistrado procesó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández, además de avanzar sobre la responsabilidad penal de otras firmas del sector. La medida incluyó embargos millonarios sobre bienes y dinero.
En el mismo fallo, Casanello procesó al ex administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos, Hugo Rodríguez, acusado de haber facilitado encuentros entre el empresario y el entonces presidente sin registrarlos oficialmente y con conocimiento del plan investigado.
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Presidencia
Que dice la resolución del juez Casanello
Según la resolución judicial, Rodríguez actuó como nexo entre Martínez Sosa y Fernández, permitiendo ingresos a la Quinta de Olivos sin dejar constancia en los registros oficiales. Entre los episodios mencionados, se destaca una reunión del 7 de agosto de 2020, documentada en una fotografía que fue incorporada como prueba del vínculo personal entre ambos.
El juez también describió hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2022, cuando Rodríguez habría coordinado un encuentro entre el broker y el entonces mandatario con el objetivo de influir en la continuidad de Gustavo García Argibay al frente de Nación Seguros.
Así, Casanello sostuvo que el ex administrador de Olivos “sabía del conflicto de interés y colaboró con su aprovechamiento”, por lo que quedó procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, dispuso un embargo por $787.997.801,56.
Empresas bajo la lupa judicial
En cuanto a las empresas, el fallo avanzó sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas por una maniobra destinada a beneficiar indebidamente a productores y compañías aseguradoras, en el contexto del decreto 823/2021, que obligó al sector público a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A.
Entre las firmas señaladas, Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A. fue identificada como beneficiaria de comisiones por más de $416 millones, mientras que otras compañías como Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales también resultaron procesadas. En el caso de San Cristóbal, los beneficios atribuidos superan los $2.022 millones.
La resolución remarcó que las empresas involucradas no implementaron mecanismos adecuados de control ni programas de integridad, y que toleraron conductas ilícitas que habrían provocado un perjuicio significativo al erario público. La causa continúa bajo la intervención del fiscal federal Carlos Rívolo.
