El Tribunal Oral Federal 2 fijó una incautación superior a $684 mil millones. La medida incluye propiedades vinculadas a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, sus familias y sus entornos societarios.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió confiscar propiedades y sumas de dinero por un total actualizado de $684.990 millones en el marco de la causa Vialidad. La decisión, firmada el 18 de noviembre de 2025, alcanza a la expresidenta Cristina Kirchner, a Lázaro Báez, a sus familias y a sociedades vinculadas.
La sentencia que avala este decomiso quedó firme el 10 de junio de 2025. En el fallo original, el monto había sido calculado en poco más de $84.800 millones, pero fue revaluado con la intervención de peritos judiciales, del Ministerio Público Fiscal y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. Tras esa actualización, los condenados fueron intimados a cubrir el nuevo valor, pero ninguno cumplió con el requerimiento.
El listado de activos afectados incluye inmuebles pertenecientes a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de propiedades transferidas a los hijos de la exmandataria. El tribunal también dispuso que, si estos bienes no alcanzan a cubrir la cifra fijada, se rematen activos de otros condenados, entre ellos Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
La Fiscalía, a pedido de los jueces, detalló el origen del patrimonio cuestionado e identificó propiedades adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
Las defensas de Báez, Kirchner y los demás involucrados reclamaron que se anule la confiscación. Alegaron que no existe un vínculo probado entre cada bien y las irregularidades investigadas, cuestionaron la falta de evidencia suficiente y advirtieron sobre una supuesta violación a principios constitucionales.
La Fiscalía, a pedido de los jueces, detalló el origen del patrimonio cuestionado e identificó propiedades adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
Las defensas de Báez, Kirchner y los demás involucrados reclamaron que se anule la confiscación. Alegaron que no existe un vínculo probado entre cada bien y las irregularidades investigadas, cuestionaron la falta de evidencia suficiente y advirtieron sobre una supuesta violación a principios constitucionales.
También rechazaron que se alcancen activos previos al ejercicio de cargos públicos o propiedades que ya habían sido analizadas en otras causas cerradas con sobreseimientos.
El tribunal, sin embargo, afirmó que la sentencia firme demostró que tanto Báez como la familia Kirchner obtuvieron beneficios económicos directos e indirectos mediante la adjudicación irregular de contratos viales.
Los bienes decomisados serán registrados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y la Corte Suprema definirá su destino conforme al reglamento vigente. El objetivo central —indicaron los jueces— es resarcir el perjuicio ocasionado a la administración pública y a la sociedad.
La resolución también deja abierta la posibilidad de incorporar nuevos bienes al decomiso durante la etapa de ejecución, siempre que queden encuadrados en los parámetros fijados por el tribunal.
