La administración de Javier Milei argumentó que la magistrada se excedió en su jurisdicción en la decisión de obligar al país a transferir el 51% de las acciones de la petrolera.
El gobierno presentó un escrito ante la justicia estadounidense para solicitar suspender el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga a Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera, Burford y Eton Park, al advertir que la decisión generaría “un daño irreparable”. Todavía, no se presentó una apelación formal.
“Se pide que suspenda su decisión, hasta tanto se revise su decisión”, remarcaron en el texto presentado por la defensa argentina, donde argumentan que la magistrada se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones. Además de pedir la suspensión de la entrega de acciones, también pidieron que se dicte una suspensión provisoria mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor.
En esa línea señaló que «Preska está invadiendo una jurisdicción» y que no puede «ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”. También agregaron que toda decisión relacionada a la expropiación de la petrolera tiene que estar sujeta a la votación del Congreso de la Nación y obtener una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.
El texto advierte que podría haber “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, agregaron los abogados en el escrito dirigido a Preska. En ese sentido, explicaron que si se transfirieran las acciones a los demandantes y luego decidieran venderlo, el daño ya sería irreversible, todavía con la instancia de apelación pendiente.
Por otro lado, argumentaron que YPF “es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”.
Luego, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró en su cuenta de X que el Gobierno ya está «trabajando en la apelación».
«La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles», explicó el funcionario.
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