Con asistencia cuasiperfecta de parte de los legisladores, este mediodía se reunieron las comisiones de Justicia, Seguridad, Presupuesto, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña para firmar el proyecto que comenzó a tratarse a principios de este año y que permitirá al distrito contar con un órgano que administre y controle la ejecución de penas en el ámbito local y la reinserción de los detenidos.
El dictamen de mayoría reunió 21 firmas por la positiva, principalmente provenientes de las bancadas del PRO, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical. El peronismo y los libertarios acompañaron el texto, pero firmaron en disidencia parcial, con algunas excepciones: Matías Lammens (UP) se acopló al «sí», mientras que Pilar Ramírez (LLA) no firmó.
El texto contempla la creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, cuyo objetivo es garantizar un mecanismo de custodia segura, impulsando políticas de tratamiento aggiornadas a la actualidad, con reintegración social y reducción de la reincidencia, además de proponer la profesionalización del personal, tanto en la mejora de las condiciones laborales como en el establecimiento de controles internos y externos.
Para su redacción se tomaron en cuenta iniciativas presentadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y legisladores del peronismo, la UCR y LLA, de manera que se encamina a reunir los votos necesarios para su aprobación en el recinto en la sesión del 27 de noviembre. El oficialismo, actualmente en un escenario de debilidad parlamentaria, podrá anotarse un nuevo triunfo, fruto del consenso y el debate.
Debate y consenso para la creación del Servicio Penitenciario de CABA
“Es un trabajo que venimos realizando desde mayo. Llevó mucho tiempo y discusión. Hubo puntos en que estuvimos de acuerdo y otros en los que no hubo consenso”, dijo la legisladora libertaria Rebeca Fleitas, autora de una de las iniciativas, y puso como ejemplo una propuesta para mejorar el sistema de licencias de los futuros agentes penitenciarios, que no fue incorporada por el Ejecutivo bajo el argumento de que podía quedar dispar con el régimen actual de la Policía porteña.
Atentos a ello, LLA presentó un proyecto para mejorar las licencias policiales, con el objetivo de que se tome como parámetro para los penitenciarios. En ese sentido, buscarán negociar hasta último minuto para que pueda ser incorporada la mejora en las licencias en el proyecto penitenciario.
De todas maneras, aclaró la posición del bloque: “Vamos a acompañar este dictamen de mayoría, pero en disidencia”. Así las cosas, se espera que LLA se pronuncie a favor en la próxima sesión. “Por nuestra parte el trabajo está hecho y estamos muy contentos de haber puesto la semilla inicial de esta discusión cuando presentamos el proyecto en 2024”, añadió.
A su turno, la presidenta del bloque de Unión por la Patria, Claudia Neira, destacó también el trabajo conjunto del Palacio Legislativo para la creación del nuevo sistema. «Dijimos que lo íbamos a trabajar exhaustivamente. También que íbamos a tomar el proyecto del Ejecutivo y de las iniciativas de los distintos bloques, y que a partir de eso íbamos a construir un nuevo texto que iba a ser de la Legislatura. Creo que es exactamente lo que hicimos. Es una de las veces en las cuales cumplimos con los objetivos que nos trazamos», resaltó.
La legisladora resaltó la participación de especialistas y expertos que aportaron miradas diferentes para poder construir un proyecto consensuado. «Todos los bloques aportaron su honestidad intelectual, con discusiones técnicas y propuestas constructivas, porque queremos una Ciudad que baje los índices de reincidencia y que la ejecución de la pena sea realmente eficiente», añadió y completó: «Esperamos que esta ley se pueda aprobar, que se pueda cumplir adecuadamente y que se empiece a saldar una deuda que la Ciudad tiene con los más de 2 mil presos en comisarías y alcaidías».
Neira aprovechó para agradecer a los asesores y también tuvo palabras para Leandro Halperín, Subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Gobierno porteño, uno de los funcionarios que más intervención tuvo en el debate y en la construcción de un texto de consensos.
Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social
El proyecto contempla la creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, un organismo civil, desconcentrado, especializado y auxiliar del Poder Judicial, que orbitará en el Ministerio de Justicia de la Ciudad.
Su misión es «la custodia, la guarda, el trato y el tratamiento de personas privadas de la libertad alojadas en los Establecimientos Penitenciarios que se encuentran bajo su órbita, cualquiera sea la autoridad judicial nacional, provincial o extranjera que a su cargo se encuentre, así como el tratamiento de las personas sometidas a ejecución de penas no privativas de la libertad u otras medidas, que estén a disposición de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
La Agencia estará compuesta por la Dirección General, la Subdirección General, y las Direcciones de Seguridad Penitenciaria, Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida, y Recursos Humanos y Bienestar Laboral. «Esta organización permite complementar las tareas de guarda y custodia con el abordaje íntegro del Plan de Vida y de los programas de asistencia, educación y trabajo para las personas privadas de la libertad», indica el proyecto.
La gestión de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social y de los Establecimientos Penitenciarios que la integran, estarán dirigidos por personal civil. En ese sentido, el texto indica que la conducción debe ordenar su funcionamiento «con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud, el deporte, la cultura y el desarrollo de recursos para materializar la finalidad de la ejecución de la pena».
La creación del sistema penitenciario porteño incluye la formación de su personal, que se dividirá en dos cuerpos: cuerpo de Agentes de Seguridad Penitenciaria, como una fuerza civil armada enfocada en seguridad, prevención, protección y custodia; y el cuerpo de Agentes de Reintegración Social, conformado por personal civil profesional, técnico y administrativo enfocado en tratamiento progresivo, educación, trabajo, salud mental, vínculos familiares y Plan de Vida de las personas privadas de libertad.
Uno de los aportes más resonantes del proyecto tiene que ver con el Plan de Vida, es decir, los compromisos y objetivos acordados con las personas detenidas para lograr su reincorporación a la sociedad. La iniciativa contempla el acceso a la educación, la salud, la capacitación laboral, y la vinculación social en el marco de las metas fijadas. Durante el proceso estarán acompañados por personal interdisciplinario.
Asimismo, la iniciativa crea dos órganos de control desconcentrados del Ministerio de Justicia. Por un lado, una oficina de Transparencia y Control Externo, que promoverá programas de prevención de la corrupción. Por otro, una Defensoría del Personal, destinada a defender los derechos humanos y garantías del personal de la Agencia, con plena autonomía funcional y legitimación administrativa. Complementariamente, se establece una Comisión Especial de Seguimiento en la Legislatura porteña que estará integrada por los presidentes de las comisiones que intervinieron en el debate.
