La semana pasada el Banco Central (BCRA) presentó un nuevo mecanismo destinado a facilitar el pago de cuotas de préstamos mediante transferencias automáticas. La herramienta, denominada “Cobro por Transferencia”, busca simplificar los débitos, reforzar la seguridad de las operaciones y reducir los riesgos de fraude. Sin embargo, en un contexto en el que el sistema financiero registra un importante aumento en la morosidad, desde la industria fintech señalan que la medida no sólo no resuelve el problema, sino que podría encarecer la operatoria y dificultar la recuperación de los créditos.
Uno de los principales puntos cuestionados es que el débito queda asociado a una única cuenta bancaria. El consentimiento del cliente se vincula exclusivamente a esa cuenta desde la cual se realizarán los cobros. Dado que muchos usuarios suelen mover fondos entre diferentes cuentas, desde las empresas advierten que esto podría afectar la efectividad de los débitos y aumentar los incumplimientos.
A esto se suma que la regulación limita los intentos de cobro. El sistema contempla un primer intento y hasta dos reintentos adicionales, a las 48 y 96 horas. Como las entidades que otorgan crédito no tienen acceso al saldo disponible de las cuentas, esta restricción podría reducir la eficiencia de la cobranza e incluso incentivar comportamientos oportunistas, como mantener la cuenta sin fondos durante esos períodos.
Otro punto sensible es el costo adicional del 0,6% por operación que introduce el nuevo mecanismo. Desde el sector señalan que este cargo se suma a los costos operativos del crédito y, en la práctica, podría trasladarse al Costo Financiero Total (CFT), encareciendo el financiamiento para los usuarios.
La normativa también establece que la cuota del préstamo no puede superar el 30% del ingreso del cliente. Si bien la medida apunta a mejorar la capacidad de pago de los usuarios, desde la industria advierten que podría generar fricciones en un mercado donde una parte significativa de los solicitantes tiene ingresos informales o variables.
Una regulación poco ajustada a la esencia de las fintech
Vale recordar que uno de los rasgos distintivos del crédito fintech es justamente la menor cantidad de barreras de acceso para los usuarios. Este tipo de financiamiento suele apoyarse en modelos alternativos de evaluación crediticia, que permiten otorgar préstamos incluso a personas sin historial bancario formal.
En ese sentido, la nueva exigencia podría obligar a muchas fintech a solicitar recibos de sueldo u otra documentación formal de ingresos, incorporando un requisito que hasta ahora no formaba parte del proceso de originación. Además, desde el sector señalan que este tipo de comprobantes tampoco garantiza una verificación precisa de los ingresos reales, especialmente en un mercado laboral donde una parte significativa de los trabajadores percibe ingresos informales o variables.
A su vez, el sistema solo permite créditos con cuotas iguales durante toda la vida del préstamo, lo que limita la posibilidad de ofrecer productos más flexibles y no contempla situaciones habituales como cambios impositivos, tasas variables o la aplicación de intereses punitorios ante atrasos.
Desde las fintech también cuestionan que el nuevo mecanismo no implicaría una mejora significativa en la prevención del fraude. Según explican, la mayoría de los fraudes se origina en la etapa de otorgamiento del crédito y no en el proceso de cobranza, por lo que vincular la cuenta de desembolso con la de débito no sería un mecanismo determinante para mitigarlo.
Por otro lado, el sistema introduce nuevos pasos en la experiencia del usuario, como la necesidad de otorgar consentimiento explícito, recibir notificaciones previas antes de cada débito y la posibilidad de cancelar la autorización de forma inmediata. Si bien estas medidas buscan reforzar la protección del cliente, desde el sector advierten que agregan mayor fricción a procesos que actualmente funcionan de manera más automática.
Finalmente, la implementación del esquema también requiere desarrollos tecnológicos adicionales, integración con el nuevo sistema y ajustes en los procesos internos de las empresas.
Bancos habilitados a descuentos en nómina
En su artículo 36, la Ley de Modernización Laboral recientemente aprobada por el Congreso, modifica el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que se podrán realizar descuentos del salario para el pago de cuotas de préstamos acordados por el trabajador.
En la práctica, el cambio habilita a que los bancos puedan descontar directamente las cuotas de los préstamos del salario de los trabajadores – en este punto, sin un tope concreto-, una modalidad que históricamente estaba reservada principalmente a mutuales o entidades vinculadas a sindicatos.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida en su cuenta de X al señalar que la apertura de este mercado debería fomentar la competencia y reducir el costo del crédito. “Esperamos que el cambio permita una baja ostensible en el costo del crédito personal para las personas”, sostuvo.
Las causas detrás del aumento de la morosidad
Más allá de los cambios regulatorios que facilitan el cobro de las deudas para los bancos, pero complican a las fintechs, un informe reciente de Quantum Finanzas, la consultora dirigida por Daniel Marx, señaló las causas concretas del aumento de la morosidad que venimos señalando en notas anteriores: el incremento de las tasas de interés reales.
Según el reporte, la tasa pasiva TAMAR promedio del trimestre fue de 3,8% mensual efectiva, mientras que la tasa de adelantos alcanzó el 5% y la de préstamos personales llegó al 6,3%, en un contexto en el que la inflación mensual promedio fue de 1,9%.
Otro factor que explica el deterioro en la capacidad de pago de las familias es el cambio en la dinámica entre cuotas e ingresos. Según Quantum, entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 el salario real crecía por encima de la tasa de interés real de los préstamos personales. Sin embargo, desde julio de 2024 esa relación se revirtió: la tasa de interés real pasó a ser positiva y comenzó a superar de manera sostenida la evolución del salario real.
A esto se suma la evolución del mercado laboral. Aunque la actividad económica creció 11,9% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el empleo formal privado cayó 2,9%, lo que implicó una pérdida de alrededor de 170.000 puestos de trabajo. Este deterioro impactó en la capacidad de pago de los hogares, aunque con diferencias según los sectores: mientras la construcción registró una caída de 6,4%, la intermediación financiera mostró un crecimiento del 32,6%.
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En este contexto, el sector fintech sostiene que mejorar los mecanismos de cobro y ampliar el acceso al crédito es un objetivo compartido por toda la industria. Sin embargo, advierten que mayores costos operativos, nuevas restricciones en la originación y límites en los procesos de cobranza podrían terminar generando el efecto contrario al buscado.
Según señalan en el sector, si el nuevo esquema termina elevando los costos y la complejidad operativa, el resultado podría ser un crédito más caro o con menor disponibilidad, especialmente para aquellos usuarios que hoy acceden al financiamiento a través de canales digitales y con menor formalidad laboral.
Desde la perspectiva de los bancos, en cambio, las nuevas medidas apuntan a mejorar la cobrabilidad de las deudas en un contexto en el que las entidades vienen implementando distintos mecanismos para evitar perder clientes.
En ese marco, la discusión entre el acceso al crédito,, las tasas y sostenibilidad del sistema financiero vuelve a ponerse sobre la mesa. La morosidad sigue ocupando y preocupando al sector financiero en su conjunto y por ahora parece no tener una solución concreta en el corto y mediano plazo.
