Patricia Bullrich busca liderar un incremento sustancial en varias penas. En el Congreso, tanto el oficialismo como la oposición aún no conocen el contenido ni los plazos de tratamiento del proyecto.
La agenda de seguridad fue, detrás de la económica, la segunda prioridad del Gobierno en campaña y en el Congreso. Aunque se prometió que su tratamiento llegaría en febrero, luego de garantizadas los objetivos presupuestarios y laborales del oficialismo, lo cierto es que todavía no hay ninguna garantía de acompañamientos ni precisiones sobre su contenido para las sesiones extraordinarias. “Todo sigue en el horizonte de los anuncios”, resumió para Ámbito una referencia libertaria en Diputados.
En concreto, tampoco se oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias, por lo tanto mucho menos el temario que se tratará. En sus rondas con gobernadores, el Ejecutivo reitera el compromiso de aprobar la ley de Presupuesto 2026. Fuera de eso, puede administrar los tiempos legislativos según el humor social (que las reformas de seguridad suelen contentar) o las mayorías parlamentarias, que el oficialismo se siente optimista de alcanzar. Hasta que no haya una directiva de Casa Rosada, los bloques libertarios no tienen apuro. «Imaginate que una modificación del Código Penal es… eterna», ilustraron.
La intención oficialista es que lo presente Patricia Bullrich, que anunció la reforma en campaña junto al presidente Javier Milei y presidirá desde el 10 de diciembre el bloque libertario en el Senado. En Diputados la actual ministra tiene su brazo parlamentario en Laura Rodríguez Machado, quien renovó su banca y podría seguir al frente de la Comisión de Legislación Penal, en donde obtuvieron dictámenes tres proyectos de seguridad en 2025 que deberán volver a ratificarse tras la renovación legislativa: cambios en la concepción de legítima defensa, el agravamiento de penas de delitos cometidos por personas que utilicen una motocicleta y el Régimen Penal Juvenil.
Laura Rodríguez Machado Martín Soria Comisión Seguridad
Este último caso sería el único que volvería a tratarse con un cambio significativo, ya que el dictamen estableció la baja de imputabilidad en 14 años y el objetivo de Casa Rosada -que insiste con la reforma desde febrero del 2024- es fijarla en 13. Los tres proyectos dictaminados corresponden a leyes que precisan un tratamiento diferencial y más expeditivo que un cambio del Código Penal, que requiere otra coreografía parlamentaria y mayores consensos. No se descarta, incluso, constituir una Comisión Bicameral con este objetivo, que implicaría mayor complejidad en la coordinación de respaldos, pero que le garantizaría una mayor legitimidad.
Reforma del Código Penal: qué cambios podría incluir
Los principales referentes en seguridad y legislación penal del peronismo aseguraron a este medio no tener conocimiento de ningún borrador de reforma, afirmación que coincide con las fuentes consultadas del oficialismo. Hasta ahora, lo que se conoce son meras declaraciones públicas de la ministra de Seguridad, que ejecutó por decreto sensibles modificaciones en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad antes de las elecciones.
Entre las propuestas anunciadas en campaña, y en conjunto con un proyecto que encasille como organizaciones criminales a las barras ligadas al fútbol argentino, se encuentran:
- Imprescriptibilidad de delitos de gravedad (como abuso sexual, homicidios, trata de personas y narcotráfico).
- Agravamiento de las penas para homicidio simple y los homicidios agravados.
- Penas de prisión para el delito de hurto.
- Mayores condenas a la portación de armas.
- Agravamiento de penas por falso testimonio y cohecho; por omisión de auxilio; y por amenazas.
- Tipificación de nuevas figuras delictivas, como el “stealthing”, la pornovenganza, el secuestro virtual, la violencia organizada, delitos informáticos y la crueldad animal.
