El juez federal Sebastián Casanello prorrogó por diez días el secreto de sumario en la causa que investiga supuesto pago de sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por lo que los imputados seguirán sin tener acceso al expediente. Por otra parte, Casanello aceptó como querellante a la ONG Poder Ciudadano.
La decisión se tomó en la investigación abierta a raíz de la difusión de audios atribuidos al ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, donde hace referencia a presuntos pedidos de ‘retornos’ dirigidos a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por parte de laboratorios proveedores de la droguería Suizo Argentina.
La investigación dirigida por el fiscal Franco Picardi avanzó con allanamientos en oficinas del Andis y en los domicilios de los acusados, que hasta el momento son los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex funcionario del organismo, a quien el ex titular de la Andis menciona como quien «manejaba la caja». Casanello también secuestró los celulares de los investigados y les prohibió la salida del país.
En el inicio de esta semana, Casanello procesó también al jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, por presunta obstrucción de la justicia a raíz de haber dificultado el procedimiento en el cual ordenó allananar los domicilios de los hermanos Kovalivker. De Vicentis fue indagado la semana pasada acusada de ser quien dio aviso a Jonathan Kovalivker para que escape durante los allanamientos en el barrio La Isla.
Por otro lado, Casanello aceptó a la ONG Poder Ciudadano como querellante. «Los hechos que se investigan en el presente caso sin lugar a dudas resultan comprensivos de los intereses colectivos que Poder Ciudadano ha de representar», sostuvo la organización al pedir ser parte de la causa.
