San Juan avanza con obras estratégicas que buscan garantizar el recurso hídrico. Una de las herramientas clave para lograrlo son los fideicomisos mineros, que permiten canalizar fondos provenientes de la actividad minera hacia proyectos de alto impacto social.
El ejemplo más reciente es la ampliación y renovación de la Red Distribuidora de Agua Potable en San Roque, departamento Jáchal. La obra se concreta por el aporte en partes iguales de los fideicomisos mineros de Gualcamayo y Veladero, administrados por el Ministerio de Minería y con una inversión total de $1.468.525.151,28.
La obra ya está en marcha a través de Obras Sanitarias, mediante un proyecto que contempla la instalación de más de 15.000 metros de tuberías, la construcción de 4.000 m² de pavimento y la ejecución de 250 conexiones domiciliarias, beneficiando directamente a una población de aproximadamente 1.250 habitantes. Bajo la modalidad de contrato de obra pública por licitación Nº 2884, se estima un plazo de ejecución de 9 meses y finalización prevista para marzo de 2026.
Los fideicomisos mineros son figuras jurídicas que administran fondos aportados por las empresas mineras en producción, quienes destinan un porcentaje de sus exportaciones a este fin. Los recursos son gestionados por una entidad financiera autorizada por el Banco Central, y su uso es definido por un comité integrado por representantes del gobierno provincial, las empresas y la Cámara Minera de San Juan.
Estos fondos tienen un destino exclusivo: financiar obras de infraestructura en los departamentos con influencia directa de la minería, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Las prioridades incluyen proyectos hídricos, viales, educativos, sanitarios, turísticos, agrícolas y mineros.
El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Minería, definió que los fideicomisos fueran orientados principalmente a obras que fortalezcan el acceso, la distribución y el aprovechamiento del agua. Así, la minería no solo genera recursos, sino que también se convierte en un actor clave para el desarrollo territorial y la mejora de la calidad de vida en las comunidades.
