Sabsay cuestionó tanto el uso del DNU como el contenido de la norma, al considerar que no se verifican las condiciones de necesidad y urgencia exigidas por la Constitución. Además, advirtió que el decreto otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y sostuvo que debería ser declarado inconstitucional por la Justicia.
A través de un mensaje en redes sociales, el constitucionalista afirmó que la medida incluye disposiciones “aberrantes” y alertó sobre el alcance de las nuevas atribuciones previstas. En ese marco, reclamó una revisión judicial del decreto y puso en duda su validez constitucional.
Por su parte, Gil Domínguez apuntó específicamente contra los artículos que habilitan tareas de “contrainteligencia” dentro del Sector Público Nacional, con el objetivo de prevenir supuestas acciones de infiltración, fuga de información, espionaje o sabotaje.
Según el jurista, ese tipo de prácticas remiten a mecanismos propios de regímenes autoritarios, al advertir que podrían utilizarse para identificar o vigilar personas en función de sus ideas, expresiones o comportamientos, especialmente en ámbitos educativos y estatales.
El Gobierno modificará por DNU la ley de Inteligencia Nacional: los principales cambios en la SIDE
En el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno de Javier Milei oficializará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) importantes cambios en la ley de Inteligencia Nacional. Según señalaron desde la administración libertaria, el objetivo de las modificaciones es mejorar la integración, especialización, eficiencia, control y legitimidad del sistema.
En principio, apunta a eliminar duplicaciones y superposiciones normativas e implementar mayores controles legales, presupuestarios y técnicos, e iniciar una comunicación institucional. En ese sentido, desde el Gobierno buscan clarificar las funciones de los servicios al remarcar que el sistema no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
Los ejes de la reforma a la Ley de Inteligencia Nacional
Comunidad de Inteligencia
En primer lugar, el Gobierno creará con este cambio normativo un ámbito de integración funcional permanente, bajo la conducción de la SIDE. Este espacio tendrá el objetivo de compartir inteligencia entre todos los organismos especializados del Estado.
De esta manera, se espera que se puedan incorporar conocimientos de sectores clave (económicos, sanitarios, tecnológicos, climáticos, comunicacionales, etc.) para el análisis estratégico nacional.
Comunidad Informativa
El segundo cambio que introducirá el Poder Ejecutivo va en un sentido similar al anterior. A partir de este decreto será establecer una red de información de organismos estatales que aportarán datos relevantes a la SIDE, aunque no se trate de inteligencia en sentido estricto. Busca ampliar el sistema informativo y mejorar la base de análisis.
Separación entre ciberinteligencia y ciberseguridad
Por otro lado, el DNU introducirá una diferencia clara entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La primera refiere a la protección de redes, sistemas y activos que estará a cargo del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad en la Secretaría de Innovación, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Por su parte, en el segundo caso, habla de la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio para la toma de decisiones.
Desde Casa Rosada destacaron que esta distinción «mejora la transparencia, la cooperación internacional y el acceso a financiamiento».
Especialización de la Agencia de Seguridad Nacional
A su vez, la Agencia de Seguridad Nacional pasará a quedar orientada exclusivamente a la contrainteligencia. Así, apuntan a evitar la superposición con las tareas de la Policía Federal y dejar la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad.
Explicitación legal de la contrainteligencia
Este decreto agregará a la ley de Inteligencia Nacional una definición clara de la contrainteligencia para adaptar el marco normativo a las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva.
A partir de ahora, la contrainteligencia apunta, de forma preventiva, a detectar y analizar espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera.
Apoyo del Sistema de Defensa y Seguridad
Uno de los puntos centrales de la reforma del Gobierno es la habilitación formal a los sistemas de inteligencia para solicitar apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías. Aseguran que este cambio apunta a optimizar recursos y capacidades.
Ordenamiento de la inteligencia militar
Con el objetivo de eliminar una «superposición histórica», a partir de este DNU quedará disuelta la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y la producción de inteligencia estratégica militar queda a cargo del Estado Mayor Conjunto.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que «esto fortalece la inteligencia militar conjunta, elimina duplicaciones y mejora la articulación con la inteligencia nacional».
Fortalecimiento de los controles
La División de Asuntos Internos pasará a denominarse Inspectoría General de Inteligencia y tendrá mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas, controles de calidad y control de presupuesto.
Designación centralizada de autoridades
Por último, la reforma establece que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, para «reforzar la conducción jerárquica y el control interno del sistema».
