El Gobierno analiza saldar deudas con constructoras a través de bonos. Así se lo confirmaron empresas del sector a Ámbito. La maniobra incluiría contratos recientes, pero también obras públicas impagas desde 2023. “Esa plata ya se recaudó. Son más de $6 billones en impuestos con asignación específica”, dijeron a este medio.
La caída de la recaudación complica la caja del Ministerio de Economía. Los ingresos fiscales llevan siete meses consecutivos a la baja y en febrero se desplomaron más de un 7% interanual en términos reales. El Gobierno tuvo que afilar la motosierra y realizar una nueva ronda de ajustes. A excepción de los intereses de la deuda, prácticamente todos los renglones del gasto retroceden.
En paralelo, ante un complejo enfriamiento de la actividad, aparece en algunos sectores de la Casa Rosada la intención de empezar a movilizar la obra pública, ejecutando partidas desde la administración central para algunas obras y transfiriendo fondos a provincias para otras.
Pero hay un detalle pendiente: a los contratistas les deben certificados desde el año 2023, por proyectos que se iniciaron en la administración anterior y algunos pocos que comenzaron durante el gobierno de Javier Milei.
“El Gobierno está pensando en un bono para las deudas, todavía no sabemos si será para algunos organismos o para todos, ni qué período abarcará la deuda”, señalaron a Ámbito empresas del sector de la construcción y agregaron: “todavía no se conocen las características que tendría el instrumento”.
En 2024, el ministro Luis Caputo utilizó una operatoria similar para saldar deudas con las generadoras de energía. En ese caso, el mecanismo fue formalmente “voluntario”, pero en la práctica a las empresas no les quedó otra opción que aceptarlo para poder cobrar los pagos pendientes.
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Lo ya recaudado
Lo llamativo del caso es que el dinero para gran parte de las obras ya se recaudó mediante tributos con asignación específica. Desde el Instituto Argentina Grande aportaron datos: entre finales de 2023 y comienzos de 2026 se acumularon, a pesos constantes, unos $6 billones que deberían haberse utilizado para obras de infraestructura.
En el detalle, son unos $3 billones recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos destinados al fideicomiso de infraestructura de transporte y al sistema vial integrado, más otros $3 billones provenientes del Impuesto PAIS, mientras estuvo vigente durante el año 2024.
“Es una trampa, porque la plata para las obras está en las partidas del Presupuesto que no se ejecutan”, explicaron desde el Instituto que nuclea a los equipos técnicos del ministro bonaerense Gabriel Katopodis. “Ahora usan las obras para conformar un fondo y reponer la plata que se gastó para pagar intereses de la deuda”, agregaron.
Caída y meseta
Según datos de las constructoras, entre finales de 2023 y mediados de 2024 el sector cayó un 25%. A partir de ese momento la actividad entró en una meseta, pero en ese lapso se perdieron cerca de 120.000 puestos de trabajo, que hasta ahora no se pudieron recuperar.
En diálogo con Ahora Play, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, identificó entre las principales causas de la caída la “casi nula” inversión en infraestructura pública nacional. “Quedó en claro que formamos parte del ajuste fiscal”, dijo el empresario.
Otra problemática que hoy golpea al sector es el encarecimiento de los costos en dólares. Con el tipo de cambio planchado y la inflación escalando, los desarrollos se volvieron menos atractivos para los inversores: “si uno quiere comprar un departamento conviene volcarse al producto terminado antes que meterse en un pozo”, sintetizó Weiss.
