Coparticipación: Jorge Macri no descartó una solución vía la Corte Suprema si no hay acuerdo con Nación


A horas de la celebración de la Navidad, el alcalde realizó un brindis por fin de año en la sede del Gobierno ubicada en Parque Patricios. Al terminar, mantuvo un breve diálogo con la prensa. Allí uno de los temas de consulta fue el reclamo que su administración elevó al Estado nacional por la falta de ejecución del fallo del máximo tribunal sobre una porción del coeficiente de la coparticipación.

Caído el Capítulo XI del proyecto del Presupuesto 2026 que obligaba al Gobierno nacional a determinar las partidas necesarias para cumplir con el acuerdo, Macri retomó las negociaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de alcanzar un nuevo entendimiento. En el encuentro del viernes pasado, el funcionario nacional le transmitió su compromiso de encontrar una solución, aunque aún exploran opciones.

“Estamos tratando de encontrar un acuerdo que tenga un equilibrio entre los derechos de la Ciudad, que son claros y concretos, y las limitaciones financieras que tiene el Gobierno Nacional”, comentó el alcalde tras el brindis. “Están claras las posibilidades de uno y del otro lado. Y estamos tratando de encontrar una solución en función de esas limitaciones”, añadió.

Pero el jefe de Gobierno no descartó un escenario desfavorable, es decir, que no se alcance un acuerdo y se estire la definición, lo que incrementaría la deuda en favor de CABA. Actualmente, el monto asciende de a $20 mil millones por semana y ya supera los $370 mil millones desde agosto. En caso de que eso ocurra, advirtió que «puede requerir que la Corte se vuelva a involucrar si no hay cumplimiento del acuerdo».

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El reclamo de la Ciudad y el acumulado de la deuda por coparticipación

La disputa entre la Ciudad y la Nación en materia de coparticipación se retrotrae al 2016, cuando en tiempos del presidente Macri se elevó el coeficiente que recibía el distrito desde el 1,4% al 3,7% bajo el pretexto del traspaso de la Policía. Cuatro años después, culminado el gobierno de Cambiemos, la administración de Alberto Fernández retrotrajo el porcentaje al 2,3% alegando que superaba ampliamente los fondos requeridos por el área de Seguridad: aseguraban que debía ser el 1,4% histórico más un 0,92% adicional de coparticipación, en lugar del plus de 2,35% otorgado por Macri.

En aquel entonces, la administración del Frente de Todos resolvió que una vez que se aprobara la ley del traspaso, el coeficiente volvería al 1,4%, a los que se le sumarían $24 mil millones anuales, actualizables trimestralmente. Desde diciembre del 2020, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pasó a cobrar el 1,4.

Con la llegada de Milei y Jorge Macri a sendas administraciones, se firmó el entendimiento bajo el manto de la Corte Suprema que le añadió un 1,55% al monto total hasta alcanzar los actuales 2,95 puntos. Nación se comprometió a abonar el 1,4% de coparticipación por goteo diario y el 1,55% adicional -que deriva del fallo de la Corte- mediante una transferencia semanal los días viernes, monto equivalente a $20.000 millones.

Hasta el mes de agosto, el Ministerio de Economía cumplía a rajatabla con lo firmado. Sin embargo, desde entonces comenzaron a acumularse los impagos del 1,55%. “Al día de hoy ronda los $350.000 millones”, calculan en los despachos de Uspallata, sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

En las reuniones que Macri mantuvo con Caputo, Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el pedido que se le trasladó al Ejecutivo nacional fue que se incluyera en el Presupuesto 2026 la aclaratoria en donde se especifiquen la obligación de Nación de hacer frente a las responsabilidades económicas que debe cumplir con el distrito capitalino.

Caída esa opción, ahora intentarán explorar otras vías para asegurar las partidas puntuales que garanticen el cumplimiento de la deuda. Cabe aclarar que el Presupuesto 2026 fue aprobado en general, pero el rechazo en particular del capítulo 11 impediría que se incluya nuevamente en el debate que dará el Senado para la sanción definitiva del proyecto.





Fuente: Ambito

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