En la Corte Suprema descuentan que Javier Milei emitirá, antes de que culmine el año, sendos decretos para nombrar al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García Mansilla “en comisión” para el máximo Tribunal. Eso explica todos los últimos movimientos en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, los discursos en la despedida de Juan Carlos Maqueda y hasta la primera respuesta pública –con datos numéricos- a un cuestionamiento de Ricardo Lorenzetti. Esa réplica, además, “spameó” alrededor de 25 mil casillas de correo electrónico de todo el Poder Judicial. Si alguien no había leído la disidencia que la originó, todos se enteraron de la contestación que la fustigó: misma dotación de personal, récord de sentencias.
Pero lo dinámico de la jugada a varias bandas que tuvo el fin de año entre el Gobierno y el sistema judicial trasladará el efecto que pueda tener la decisión del Poder Ejecutivo –si finalmente decide adoptarla-, a un tercer actor, ajeno hasta ahora: el sector privado que tiene litigios ante la Corte. Y es que el decreto de Milei puede convertirse en kriptonita para el mundo empresario que empieza a olfatear que cualquier sentencia que obtenga una mayoría lograda con jueces “en comisión” es factible de ser impugnada por nula.
La pregunta se la empieza a hacer el mercado que ve que la pelota empieza a picar en su campo. ¿Qué ocurriría si algún “grande” pierde un caso con el voto de un juez elegido por decreto? ¿Se allana a cumplirlo, o lo resiste? Interrogante que comienza a surcar la mente de los Marcos, los Eduardos, los Alejandros y los Paolos de la vida, y de todos los jugadores fuertes del sistema que pueden llegar a ser la red de apoyo empresarial al Gobierno. Los grandes estudios de abogados empiezan a traficar la información con sus clientes de que en un escenario así, más conviene perder e intentar una nulidad, que ganar y quedarse con las manos vacías. Eso fue transmitido a varios miembros de AEA.
Durante la feria, no habrá juras
Hay otra certeza que confirmaron a Ámbito varias fuentes del Palacio: durante la feria, no jura nadie, por más decretos con los que los quiera tapizar el Ejecutivo, o versiones de creatividad administrativa que se busquen instalar para encontrar un camino. Enero está clausurado. Febrero puede tener cautelares y marzo, el Congreso nuevamente activo. Casi que se toma como una falta de respeto las versiones sobre juras apresuradas que se exculpan sólo por el desconocimiento que genera la intrincada lógica administrativa del máximo Tribunal. Para empezar, basta tomar el artículo 112 de la Constitución Nacional que indica que cualquier mimbro ingresante presta juramento ante el Presidente de la Corte. Durante el receso de enero, hay “jueces de feria”, no existen las presidencias sustitutas.
En segundo término y tal como ocurre con el Consejo de la Magistratura, existe la formalidad del análisis de los antecedentes. De ello pueden dar fe César Grau –el abogado que reemplazará al fallecido Héctor Recalde- y Alberto Maques que jurarán en el órgano de selección de jueces tras ese rigorismo, este lunes a las 12.30. A ambos, la Corte les “peinó” lo antecedentes que antes el Consejo les envió por escrito. Hasta el CV de cada uno está en ese papeleo burocrático. Existe todo un “Jenga” administrativo del que Ámbito señala ejemplos. Pero hay más piezas ocultas que solo conocen quienes obtuvieron los dos tercios del Senado para ocupar sus sillas en el máximo Tribunal. Todos esos elementos, atentan contra las teorías fantasiosas. ¿Le sirve al Gobierno meter los decretos y que queden en un limbo?
Preparar el escenario
Pero los movimientos de la Corte fueron secuenciales y comenzaron hace varios meses tal como lo informó este diario en su momento: la mayoría integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el ahora saliente Maqueda tomaron la decisión de desagotar todo el stock de causas que importaran a los políticos de primera línea, antes de cualquier recambio. Nada para negociar hacia adelante. Lo consiguieron, con el último escalón vinculado a la reelección indefinida en Formosa. Nada que interese a la política escalará antes del segundo semestre de 2025. En este paquete no están incluidas las demandas de los distintos gobernadores contra la Casa Rosada por los recortes adoptados por Milei durante este año. Sigilosamente, los mandatarios provinciales están peregrinando por la oficina de Guillermo Francos y cerrando sus propios acuerdos. Hay un dato que grafica el desinterés porque esto se resuelva vía fallos: ninguna provincia –desde que inició su demanda- presentó lo que se denomina “pronto despacho”. Cuando no hay negociación vigente, la presencia de los Fiscales de Estado en el cuarto piso es de frecuencia semanal. Al Gobierno tampoco le preocupa la suerte de su mega DNU 70/2023. Consiguió en Bases lo único que necesitaba para avanzar y, además, congeló su embestida contra la CGT, lo que mantiene a los actores haciendo mímica.
El caso “Levinas”, que fue anunciado como un posible último batacazo de la Corte que tuviera como beneficiario final a Mauricio Macri porque generaría el precedente de escalar todos los conflictos surgidos de la justicia nacional de la Capital Federal al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), empieza a diluirse.
No solo por una cuestión de plazos. Sino por la integración de las mayorías: los fallos “Corrales” y “Nisman” que plantearon el sendero de empoderar al TSJ sobre la justicia nacional fueron construidos con los votos de Rosatti, Lorenzetti y Maqueda. Esa mayoría culmina el 29 con la salida del cordobés. Para una continuidad en esa línea de jurisprudencia, Rosenkrantz debería mutar su posición como hizo Carlos Fayt en el legendario fallo “Bazterrica”. Obvio que Levinas no importa. El caso que interesa es el futuro de la quiebra de Correo Argentino que impacta en la familia Macri y que flota, desde hace años, en la justicia nacional en lo Comercial y el TSJ se desespera por atajar. Tres días hábiles son un exiguo plazo para que el ex presidente se ilusione.
La política tendrá sus propias distracciones más allá de lo que ocurra con los decretos. Mientras las esquirlas del catastro del Estado de La Florida o el modo Antonini Wilson del ex senador Edgardo Kueider siga su curso, el próximo año habrá elecciones y un posible recambio en el Consejo de la Magistratura. Tres consejeros por el estamento legislativo verán sus mandatos vencidos en las legislativas 2025: el senador kirchnerista Mariano Recalde y María Pilatti Vergara, además de la diputada y sindicalista Vanesa Siley. De cómo se conformen las listas habrá pistas sobre continuidades, recambios y con el resultado, mayorías. Falta una eternidad.
Último capítulo de la interna
El homenaje a Maqueda en el Patio de Honor del cuarto piso del Palacio fue gráfico del estado de la interna en la Corte. Desde un principio, solo había tres sillas. Lorenzetti nunca iba a participar. La Corte acababa de desplegar el intento de blindarse reglamentando cómo integraría conjueces por sorteo cuando no hubiese mayoría de votos para un fallo. Un par de días antes, se hizo un “scrum” con los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, eventuales conjueces. La Corte estuvo monitoreando como un dron las elecciones en todas las jurisdicciones, asegurándose su ascendencia. “Seguridad jurídica” y cohesión fue el mensaje que revoleó para el lado del Ejecutivo.
Pero el punto central de la nueva reglamentación que mayor impacto tuvo fue soslayado en las crónicas de la Acordada: conjuez que resulta sorteado interviene (de allí en adelante) en todas las causas análogas. El doble efecto que hace estallar todo es que anula la chance de hamacarse en nuevos sorteos y que abre el abanico sobre quién interpreta lo análogo de los expedientes.
Lorenzetti escribió una furiosa disidencia en la que repitió varias de las acusaciones que viene realizando cada vez que tiene oportunidad de plantear sus diferencias con sus pares, pero esta vez obtuvo una respuesta.
La diferencia conceptual para que la mayoría decidiera mostrar la confrontación explícita fue la lectura de que el cuestionamiento del juez apuntaba al personal de la Corte en pleno, y ya no era una discusión entre pares. En simultáneo, el viernes ocurrió otro episodio en el que el juez no firmó el ascenso de la esposa de un alto funcionario del Gobierno que estaba seleccionada entre las 150 resoluciones que reacomodaban al personal de carrera del tribunal.
Maqueda ni mencionó al rafaelino en su discurso de despedida, ni siquiera elípticamente. Durante años fueron los más cercanos entre sí, y un pilar en el sostenimiento de Lorenzetti durante sus 11 años de presidencia. Esa relación se quebró cuando en una jugada sorpresiva, fue destronado, en 2018 para que Rosenkrantz ocupara ese lugar. Maqueda quedó, en soledad, votando por Lorenzetti que evitó el auto voto acompañando a la mayoría. Ese fue un punto de no retorno para el cordobés que se fue profundizando en estos últimos años. Nada indica que la interna, de todas formas, se vaya a aplacar.
