Referentes de derechos humanos cuestionaron con dureza la decisión del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich, de mandar a Alfredo Astiz y al resto de los represores que estaban presos en Ezeiza a la cárcel VIP de Campo de Mayo, donde podrán jugar al tenis o tener clases de teatro o talleres de stretching.
El traslado a la Unidad 34 se empezó a gestar a mediados de abril, cuando distintos tribunales recibieron la notificación del SPF. Allí, las autoridades penitenciarias decían que había sobrepoblación en las cárceles federales y que necesitaban vaciar los módulos destinados a adultos mayores en el Complejo VII de Ezeiza, el mismo que el año pasado visitaron los diputados de La Libertad Avanza (LLA).
En Campo de Mayo había 52 represores alojados. Con el traslado que se hizo entre gallos y medianoche, habrá 19 más. Entre los recién llegados hay nueve condenados por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), Adolfo Miguel Donda, Antonio Pernías, Jorge Carlos Radice, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Luis Ambrosio Navarro y Rodolfo Oscar Cionchi.
También hay cuatro condenados del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO): Gerardo Jorge Arráez, Miguel Ángel Britos, Juan Carlos Avena y Luis Juan Donocik. Lucio César Nast y Mario Alfredo Marcote, condenados en la causa Feced, también fueron parte de la mudanza al igual que Marcelo Cinto Cortaux, condenado por secuestrar y desaparecer a los militantes montoneros que participaron de la Contraofensiva. Su hijo homónimo trabaja en el Senado con Victoria Villarruel.
Además, trasladaron a Julio César Argüello, condenado por los crímenes del circuito Camps; al exmilitar uruguayo Manuel Cordero Piacentini, condenado por el Plan Cóndor, y al exintegrante del Batallón de Inteligencia 601 Raúl Guglielminetti.
“El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no es una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas”, respondieron desde H.I.J.O.S Capital.
“Genocidas a cárceles VIP, para premiarlos por la crueldad y ferocidad con la que desaparecieron a miles de argentinas y argentinos. Solo falta que ahora decidan juzgar en ausencia a los desaparecidos y ahí sí, el retroceso será total”, escribió en su cuenta de X Guillermo Pérez Roisinblit, que nació en la ESMA y fue apropiado por un integrante de la Fuerza Aérea.
“Es gravísimo que a autores de crímenes de esta naturaleza y magnitud les otorguen estos privilegios en el marco de la impunidad que pretenden”, dice la sobreviviente Ana Careaga. “De hecho, quienes hemos dado testimonio somos convocados en virtud de la llamada ‘ley de víctimas’ para opinar respecto de estos beneficios a los que aspiran los represores. Sin ir más lejos el miércoles pasado nos expresamos en contra de los pedidos de morigeración de penas de Arráez, como lo venimos haciendo sistemáticamente con otros, varios de los cuales están entre estos beneficiados. La visita a los genocidas que, en su momento realizaron algunos diputados, fue la crónica de un privilegio anunciado y expresión de las provocaciones y el negacionismo que pretenden reinstalar, que va de la mano de la reivindicación de la metodología utilizada”, añade la hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres secuestradas tras la infiltración de Alfredo Astiz.
Según Justicia y Concordia, la organización que nuclea a abogados defensores de represores, la mudanza a la Unidad 34 fue muy “tortuosa”. Todo indica que fue a las apuradas. “Pero la gran bienvenida de sus camaradas suavizó el dolor del traslado”.
En Campo de Mayo podrán reencontrarse con el cura Christian von Wernich, Gonzalo “Chispa” Sánchez y Juan Daniel Amelong, entre otros. Algunos de ellos se autodenominan “Muertos Vivos” para llamar la atención del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
