Si bien el sistema de prestaciones para personas con discapacidad en la Argentina viene exhibiendo grietas y falencias desde hace varios años, profesionales, instituciones, beneficiarios y familias advierten que atraviesan una crisis sin precedentes.
La iniciativa del diputado Daniel Arroyo, que ya tiene dictamen de mayoría desde la semana pasada, establece diversas medias para garantizar la continuidad de los apoyos para las personas con discapacidad y evitar que los centros especializados y consultorios cierren sus puertas.
Pensiones
El monto de las pensiones no contributivas por invalidez labora es de $213.286,50 (junio 2025). Además del valor que no alcanza la canasta básica individual, el gobierno nacional inició un proceso de auditorías que provocó el cese del cobro en forma arbitraria en muchos casos.
El proyecto de ley dispone “el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social” y establece que las mismas se equiparen al 70% del haber mínimo jubilatorio, siempre que los ingresos no superen los 2 salarios mínimos.
Al mismo tiempo, que “las disposiciones y los procedimientos sobre revisión y/o auditoría médica y socioeconómica de las Pensiones deberán ser implementadas en formatos accesibles». Es porque la metodología de notificación de las revisiones es de acceso imposible para muchos de los destinatarios. La única vía utilizada por la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) para convocar a las personas con discapacidad consiste en el envío de cartas documento que, por ejemplo, no tienen versión en braille.
Aranceles
La iniciativa también aplica la actualización de los aranceles de los prestadores ajustado por inflación y una compensación económica para los mismos con fondos del Tesoro Nacional.
El nomenclador que establece los valores universales de las terapias, transportes y otros apoyos no se actualiza desde diciembre del año pasado. Es decir, tuvo 0% de aumento en lo que va de 2025. Esto genera, por ejemplo, que muchos niños se queden si maestra integradora, sin traslados o sin terapias, ya que los profesionales abandonan las prestaciones por los bajos salarios y las demoras en los pagos.
El proyecto ordena que se aplique una “compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral (…) liquidando en forma expeditiva los montos adeudados”.
También indica que la compensación de emergencia “deberá incluir la diferencia entre el porcentaje del valor de los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el mismo período. El Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad determinará el valor de las prestaciones a partir del 1° de enero de 2025”
Además, establece medidas económicas para evitar que continúen las caídas de los apoyos: “Fortalecer a los prestadores de la Ley 24.901 asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos”.
Otros de los puntos del proyecto son el establecimiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como documento válido en todo el país y la obligación de presentación por parte del Poder Ejecutivo de un informe anual al Congreso y la ciudadanía sobre la ejecución presupuestaria, pensiones otorgadas y compensaciones abonadas.
