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La expresidenta argentina fue sentenciada a seis años de prisión por una causa de corrupción.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó este martes a cumplir la pena de seis años de prisión por cargos de corrupción, que fue dictada por un tribunal y en medio de una fuerte tensión política en el país sudamericano.
Según informó el diario La Nación, el juez Jorge Gorini le notificó por videollamada a la exmandataria que ha sido confirmada la prisión domiciliaria solicitada por su defensa, por lo que cumplirá la pena en su departamento del barrio de Constitución, en Buenos Aires.
La decisión del magistrado se contrapone a lo pedido por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a cargo de la causa ‘Vialidad’, quienes pretendían que la líder peronista cumpliera la sentencia en una cárcel común.
Tras conocerse la decisión, Gregorio Dalbon, abogado de Cristina Fernández, destacó que «se impuso el derecho, se impuso el pueblo» porque era lo que correspondía, aún cuando se tratara de una «causa armada».
«Representa la consagración de un principio básico de todo Estado de Derecho: nadie puede ser sometido a trato cruel, inhumano o degradante, ni siquiera en la ejecución de una sentencia injusta», escribió a través de su cuenta de la red social X.
Movilización confirmada
Estaba previsto que la dos veces presidenta de Argentina concurriera este miércoles a los tribunales porteños de Comodoro Py, para ser notificada de la confirmación de la condena y el modo en que se cumpliría. Sin embargo, el juez Gorini se adelantó por la vía virtual.
El peronismo había convocado a una masiva movilización para acompañar a su máxima dirigente a la sede judicial, en una marcha que ya generaba preocupación en el Gobierno de Javier Milei.
Más allá de que Fernández no deberá concurrir a la audiencia, la militancia peronista mantiene en pie la convocatoria, para denunciar la «proscripción» de su líder, que quedará detenida en su casa.
Una expresidenta presa
Se trata de un hecho histórico, ya que es la primera vez que un exmandatario de ese país cumple una condena firme de prisión. Además, se concreta en un momento de alta polarización, ya que hay sectores que consideran que el fallo en su contra lesionó la democracia, mientras que otros creen que se hizo justicia.
El único antecedente de una detención de este tipo lo protagonizó el fallecido expresidente Carlos Menem, quien fue apresado en junio de 2001 por tráfico de armas, pero solo cumplió una prisión domiciliaria durante seis meses.
A diferencia de Fernández de Kirchner, la condena contra Menem no fue ratificada por la Corte, lo que le permitió seguir postulándose a cargos legislativos hasta que murió en 2021, a los 91 años de edad.
Otra faceta que hace trascendental la detención es que, a sus 72 años, Fernández de Kirchner es la principal líder opositora al Gobierno de Javier Milei y, hasta que el pasado martes la Corte Suprema de Justicia decidió de manera sorpresiva validar su condena, era la candidata a diputada más relevante de las elecciones legislativas que se realizarán este año en Argentina.
Sin embargo, con la decisión judicial, Fernández de Kirchner no podrá participar en ningún proceso electoral, ya que la condena incluye la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Por eso, desde que el proceso comenzó hace tres años, aseguró que tanto el juicio como el fallo en su contra tenían como único objetivo su proscripción.
La detención marca un parteaguas en la historia de una mujer que ha protagonizado la política argentina en las últimas tres décadas, ya que fue diputada (1997-2001), senadora en tres períodos distintos (entre 1995 y 2019), presidenta (2007-2015) y vicepresidenta (2019-2023).
Entre 2003 y 2007, cuando gobernó su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, formalmente tuvo el cargo de primera dama, pero jamás lo ejerció porque ya era una reconocida senadora y estaba dedicada a su trabajo parlamentario.
Desde diciembre pasado, además, era la presidenta del peronista Partido Justicialista (PJ), pero también tendrá que dejar ese puesto porque la pena le impide dirigir organizaciones políticas.
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