La inversión en equipamiento técnico y logístico para la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero representa mucho más que una mejora operativa: es una decisión estratégica que fortalece el rol del Estado en el control ambiental de la actividad minera en San Juan y en un contexto de crecimiento sostenido del sector.
Con la incorporación de cinco camionetas 0 km y un laboratorio móvil de última generación, la Secretaría amplía su capacidad de fiscalización en todo el territorio provincial. Esta inversión, que supera los 200 millones de pesos, permite cubrir mayores áreas geográficas, mejorar la calidad técnica de los controles y brindar mayor seguridad a los inspectores que trabajan en zonas de difícil acceso.
El laboratorio móvil, operado por el CIPCAMI (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial), está equipado para realizar monitoreos de calidad de agua, suelo y aire directamente en terreno. Gracias a su autonomía de hasta 1000 kilómetros sin recarga de combustible, puede operar en zonas cordilleranas sin necesidad de abastecimiento en comunidades. Además, permite realizar mediciones de parámetros de campo, primeros análisis de elementos en muestras de agua y calibración de instrumental en el sitio, lo que representa una mejora sustancial frente a las limitaciones logísticas que históricamente enfrentaban los equipos técnicos. El laboratorio móvil fue instalado en una camioneta modificada con instrumental propio del CIPCAMI.
Los vehículos y el laboratorio móvil están destinados a cubrir todas las áreas mineras de la provincia, sin distinción geográfica, respondiendo a la necesidad de fiscalizar proyectos en etapa de prospección, exploración y explotación. Esta ampliación operativa se enmarca en una política de Estado que considera a la minería como eje estratégico del desarrollo provincial, tal como lo ha sostenido el gobernador Dr. Marcelo Orrego desde el inicio de su gestión.
Entre 2024 y lo que va de 2025, la Policía Minera realizó más de 300 inspecciones en proyectos distribuidos por toda la provincia, reflejando un compromiso sostenido con el control técnico y ambiental de la actividad minera. El trabajo de fiscalización, aunque específico de la Secretaría, se articula con otras áreas del gobierno provincial y con municipios, especialmente en lo que refiere a logística de acceso a zonas de montaña o proyectos mineros.
Cuando se detectan irregularidades ambientales, la Secretaría, a través de la Policía Minera, puede intimar a los proyectos, suspender actividades y, si no se corrigen las fallas, avanzar en infracciones que pueden derivar en multas, previa resolución de un sumario administrativo.
La gestión de la Secretaría se basa en dos pilares fundamentales: la evaluación ambiental minera y el control efectivo. Cuantos más proyectos se ajusten a la normativa vigente, mayor será la capacidad de fiscalización, consolidando un sistema de control ambiental robusto, territorial y técnicamente preparado para responder a los desafíos de una minería responsable.
