El segundo juicio por la desaparición de Daniel Solano ingresó en su etapa final con los alegatos de las partes, y la declaración del policía Cristian Toledo, uno de los tres imputados junto a Walter Etchegaray y Ceferino Muñoz. Leandro Aparicio, abogado de la querella de la familia Solano, explicó a Página12 que se trata de una parte acotada del primer juicio. «La fiscalía describió bien los hechos», dijo sobre la labor de la fiscal Teresa Giuffrida, a cuya acusación se sumaron con su colega Sergio Heredia. En su alegato, Aparicio agradeció a todas las personas que ayudaron a llegar a este proceso, y recordó que hace 5077 días que desapareció Daniel Solano y su cuerpo aún no fue encontrado. «Su papá Gualberto también fue víctima de este crimen, muchas de las personas que declararon como testigos sufrieron más que amenazas, represalias gravísimas al punto de tener que irse de la provincia», manifestó el abogado. Por otra parte, más allá de la sentencia que se conocerá este jueves 2 de octubre, Aparicio anticipó que como Daniel fue desaparecido y víctima de trata de persona con fines de explotación laboral, y la trata comenzó en Tartagal, pedirán la competencia de la justicia salteña.
La compleja trama en la que se inscribe el caso Solano incluye unas 22 causas, todas conexas. Aparició afirmó que «existen pruebas de sobra», y describió que «la desaparición forzada se produjo en Río Negro pero la trata con fines de explotación laboral comenzó en Salta, las empresas son parte de la trama, con protección de funcionarios». Esas pruebas indican que Solano y los demás trabajadores golondrina fueron estafados por la empresa ExpoFrut, y que a Daniel lo marcaron porque quería organizarlos para protestar. A criterio del letrado, «no hay voluntad política para meterlos en cana a todos como responsables de la desaparición forzada».
Gualberto Solano luchó con todas sus fuerzas, se encadenó en la puerta del juzgado penal 30 de Choele Choel, hizo huelga de hambre y llegó a acampar durante años frente a Tribunales, pero no llegó a ver la sentencia que en 2018 condenó a prisión perpetua a siete de los policías implicados en la desaparición de su hijo. En su nombre, siguió este juicio entre el público Roberto «Cone» Uriarte (foto), el padre de la joven desaparecida Otoño Uriarte, y acompañó al resto de la familia Solano. Lo mismo hizo Asunción Ávalos, padre de Sergio Ávalos, otro joven desaparecido en la Patagonia.
Durante este juicio, que comenzó el lunes 22, declaró un testigo que afirmó haber visto cómo policías encapuchados bajaron un cuerpo envuelto en una bolsa blanca y lo colocaron en el puente subterráneo que estaba en construcción en esos días en Choele Choel. El resto de los testimonios ratificaron sus dichos en el juicio de 2018.
Ayer, antes de los alegatos, Toledo pidió declarar y dijo que aquella madrugada del 5 de noviembre de 2011 en el boliche Macuba de Choele Choel no hubo incidentes. «El tema del palpado se terminó todo sin novedad, no pasó absolutamente nada, nadie se quejó», expresó. Toledo agregó que no presenció ni participó en el retiro de Solano del local.
Por su parte, la fiscal Giuffrida apuntó a la responsabilidad penal de los tres policías imputados. Toledo y Muñoz enfrentan cargos por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Etchegaray está acusado como partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía y abuso de funciones, en concurso real con vejaciones. Este policía habría colaborado con los siete ya condenados en el primer juicio —Cárcamo, Cuello, Quidel, Barrera, Berthe, Bender y Martínez— para que se llevaran a Solano y provocaran su muerte. En cuanto a Muñoz y Toledo, la acusación sostiene que presenciaron los golpes y empujones que sufrió Solano y no intervinieron, ni dieron aviso a sus superiores, ni cumplieron con los protocolos. Tampoco denunciaron después los hechos cometidos por sus colegas.
«Como bolsa de papas»
Por el código de Río Negro, tras la sentencia en caso de ser de culpabilidad la pena se establecerá en el «juicio de cesura». A Etchegaray podría caberle prisión perpetua y al resto penas de entre 7 y 8 años. La fiscalía estableció que los tres policías imputados cumplían servicio adicional esa madrugada y fueron parte del operativo que terminó con la desaparición del joven. Los testimonios de un DJ y de varias personas presentes señalaron que Solano fue sacado violentamente por Etchegaray, con empujones, golpes y arrastrado por las escaleras. Una testigo aseguró que «la policía lo levantó como una bolsa de papas, voló de arriba”. Giuffrida subrayó que el accionar violento está acreditado en múltiples declaraciones, y que tras el retiro del boliche, Solano fue subido a un móvil policial y nunca más se lo volvió a ver.
Muñoz y Toledo incumplieron con sus deberes de funcionario público y encubrieron el crimen, al no informar ni realizar actuaciones, ni poner al joven a disposición del Juzgado de Paz. Etchegaray, en tanto, habría actuado como partícipe necesario del homicidio agravado. «No podemos comprar esta versión de que en ese momento estaba todo bien y que se retiró solo, Solano fue subido a esa camioneta y a partir de ahí desapareció», sostuvo la fiscal Giuffrida. Y agregó que Toledo y Muñoz incurrieron en encubrimiento agravado al callar y ocultar los hechos. La fiscalía destacó que ni siquiera se labró un acta del procedimiento, y que los imputados no aportaron datos cuando fueron consultados por superiores en la investigación inicial.
Daniel Solano era un joven guaraní, trabajador temporario de Tartagal que había llegado al Valle Medio en 2011. La madrugada del 5 de noviembre de ese año fue retirado por la fuerza de un boliche de Choele Choel por un grupo de policías, y desde entonces permanece desaparecido. En 2018, siete efectivos fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado con alevosía. La sentencia quedó firme en 2023, tras el rechazo del recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
