La Comisión de Legislación del Trabajo discutirá este martes cuatro iniciativas que buscan limitar los recursos de los sindicatos.
A pocos días del paro general convocado por la CGT para el próximo 10 de abril, los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados impulsan el debate en comisión de un proyecto para terminar con el aporte obligatorio de empresarios y trabajadores a los gremios, como parte de la reforma laboral que se discute en el Congreso.
Si bien la UCR, el PRO y la Coalición Cívica ya fracasaron en su intento por llevar adelante una iniciativa para ampliar la reforma sindical, volverán a la carga con distintas iniciativas que buscarán limitar los recursos de los sindicatos.
El debate comenzará este martes a partir de las 10.30 en la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, y se pondrán sobre la mesa cuatro proyectos impulsados por el radical «con peluca» Luis Picat; la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y de Gerardo Milman del PRO, además del propio Tetaz.
Reforma laboral: qué proponen los proyectos de los bloques dialoguistas
El proyecto de Picat propone que «las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros«, pero «no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales o convencionales respecto de aquellos trabajadores afiliados a la entidad gremial respectiva durante su permanencia en la misma«.
Por su parte, Tetaz propone que los gremios no puedan «recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros». «Tampoco podrán establecer, exigir ni imponer, aportes a los empleados de manera obligatoria«, agrega el texto.
En tanto, la iniciativa de Campagnoli señala que la convención colectiva podrá contener «cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió».
«Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros», destaca el proyecto.
