El desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) ya tiene su correlato en los tribunales de Comodoro Py. La legisladora porteña de Unión por la Patria (UxP) Victoria Montenegro denunció al secretario Alberto Baños y al ministro Mariano Cúneo Libarona por poner en riesgo los sitios de memoria con los despidos masivos de trabajadores y el desfinanciamiento. En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió a denunciar que el gobierno no está llevando adelante una “reestructuración” sino una política de ajuste en derechos humanos.
El Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), sigue convulsionado. En la SDH, que tiene su sede allí, se contabilizan por el momento 252 despidos y se esperan unos 300 más. El panorama es desolador para una dependencia que no llega a tener 800 trabajadores.
En solidaridad con los trabajadores de la SDH, hubo una misa oficiada por los sacerdotes Lorenzo “Toto” de Vedia, Nicolás “Tano” Angelotti y Jorge Marenco. En la actividad estuvo el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel, referente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Pérez Esquivel denunció que en la exESMA hubo tareas de inteligencia ilegal por parte de la policía –posiblemente la federal– en el “abrazo” que se hizo el viernes 27 de diciembre.
Mientras la misa se estaba realizando, tres efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) estaban apostados en la puerta de la SDH, donde controlan los ingresos para impedir que entre la gente que fue despedida.
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti continúa cerrado por decisión del secretario de Derechos Humanos. Este viernes, Baños convocó a algunos de los coordinadores para transmitirles que no tiene previsto clausurar definitivamente el lugar que funciona como un espacio de arte, reflexión y memoria desde 2008. Posiblemente el funcionario pretenda aquietar los ánimos antes del sábado, cuando está previsto que se haga un festival en defensa del Conti, que incluirá una actividad con velas para demostrar que la memoria sigue ardiendo a pesar de la censura y el desguace.
Victoria Montenegro, que preside la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y es una de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, radicó una denuncia contra Baños y Cúneo Libarona. La presentación recayó en el juzgado federal 6 de Comodoro Py, que es subrogado por el juez federal Daniel Rafecas dado que está vacante desde que se jubiló Rodolfo Canicoba Corral. Rafecas está de feria y recién se reincorpora para el 3 de febrero.
Según la legisladora, Baños y Cúneo Libarona “han adoptado numerosas medidas que han afectado de manera directa el funcionamiento y la preservación de los sitios de memoria a través del desfinanciamiento de las obras públicas y los despidos masivos que viene sufriendo el sector público y en particular la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia”.
En las últimas horas se supo que todos los espacios de memoria que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos se vieron afectados por los despidos de su personal, lo que pone en riesgo su funcionamiento. Hay uno de ellos que quedaría sin trabajadores que puedan hacerse cargo de abrir y cerrarlo: el sitio de memoria que funciona en lo que fue el centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea en la calle Virrey Cevallos.
En su denuncia, Montenegro sostiene que Baños y Cúneo Libarona están incumpliendo con la Constitución Nacional y con la ley 26.691, que declara que los excentros clandestinos son sitios de memoria y que deben preservarse para las investigaciones judiciales y para la transmisión de lo que allí sucedido.
De acuerdo con la presentación de la legisladora, los despidos orquestados desde el Ministerio de Justicia impactaron en distintas áreas de los sitios: conservación, mantenimiento, educación, atención al público, entre otras. Por la situación de desprotección, afirma que también podrían estar en riesgo los acervos documentales que cada una de estas instituciones fue creando y resguardando. Montenegro también señaló que el gobierno puso a la venta terrenos en los funcionaron centros clandestinos –que incluso tenían medidas de no innovar dictadas por juzgados federales– ante el silencio de Baños, que es la autoridad de aplicación de la ley de sitios.
“Todas estas medidas traen aparejado el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de graves violaciones a los derechos humanos –que son parte constitutiva de la identidad del pueblo argentino y se encuentran consagrados en la Constitución Nacional– con el consiguiente riesgo de responsabilidad internacional”, señaló Montenegro. La legisladora ya había denunciado en octubre pasado ante organismos internacionales que Baños censuró un seminario sobre políticas de memoria que se estaba llevando a cabo en el Conti.
Desde la provincia de Buenos Aires, Kicillof salió a repudiar el “brutal ajuste” del gobierno de Javier Milei a las políticas de memoria, verdad y justicia. “Repudiamos estas medidas que significan un atropello a los derechos humanos en un país que lleva 41 años de democracia a través de un consenso social del Nunca Más”, escribió el gobernador en su cuenta de X.
Kicillof recordó que la provincia creó una unidad provincial especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura después de que Milei cerró la unidad especial de investigación que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo encargado de buscar a los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado. Además, señaló que, a contramano de lo que viene haciendo la administración de La Libertad Avanza (LLA), la provincia viene apostando a la puesta en valor de los sitios de memoria.
En la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense –que conduce Matías Moreno– no descartaban alguna presentación judicial contra el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos que viene llevando a cabo el gobierno nacional.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, repudió el despido masivo de trabajadores de la Secretaría. «Quieren cerrar la exESMA para destruir todo aquello que no quieren que exista», dijo a El Destape Radio.
Cúneo Libarona y Baños también recibieron un correo de Historias Desobedientes, el colectivo que agrupa a familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. En su carta, les explicaban que ellos vienen bregando para que sus parientes –padres, abuelos– rompan el silencio y digan qué han hecho con sus víctimas. “Todos los estamentos del Estado que promocionan la búsqueda de la verdad deben ser protegidos y no desmantelados”, les reclamaron al ministro de Justicia y al secretario de Derechos Humanos.
